El Tribunal Constitucional ha decidido este jueves por la mañana retrasar el inicio del Pleno extraordinario que tiene que servir para admitir o rechazar el recurso de amparo presentado por el PP este miércoles. Los magistrados del tribunal se reunirán a partir de las doce del mediodía, a escasas horas del inicio del Pleno en el Congreso, que se prevé que empiece a partir de las dos del mediodía. El motivo de este retraso se debe a los escritos que ha presentado el PSOE y Unidas Podemos para pedir que se dé vía libre en la cámara baja para votar la reforma del poder judicial. La formación morada considera que dos magistrados del tribunal, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, no pueden participar en la votación porque tienen el mandato caducado o bien son próximos al PP.
El PSOE ha presentado un escrito que insta al Tribunal Constitucional a rechazar el recurso de amparo presentado por el PP para evitar la reforma del Consejo General del Poder Judicial que permite renovar con más facilidad el mismo TC. Los socialistas piden personarse en la causa, y han presentado alegaciones al recurso, ya que podría afectar directamente "al derecho fundamental de todos los diputados de imposible reparación". Según el PSOE, si el TC aceptara el recurso de los populares, situaría el tribunal "en una posición que no le corresponde".
Podemos también ha registrado un escrito de recusación contra el presidente del TC, Pablo González-Trevijano, y contra el ponente de la resolución que tiene que emitir el tribunal, Enrique Arnaldo, los dos del sector conservador, para que no participen de esta deliberación. El motivo es que los dos magistrados actúan con el mandato caducado y que tienen que ser relevados fruto de la entrada en vigor de esta reforma, y que Arnaldo ha tenido un "vínculo estrecho" con el PP.
Por otra parte, las alegaciones de los socialistas aseguran que adoptar medidas como las que piden los populares se traduciría en un ataque a los derechos de los diputados en forma de "vulneración de la autonomía parlamentaria". Consideran que suspender el procedimiento parlamentario "impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias", de manera que también "se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".
El recurso de amparo del PP ante el Constitucional
El PP presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar las enmiendas introducidas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición con el fin de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley del Tribunal Constitucional. Los populares consideran que PSOE y Podemos han puesto en marcha una maniobra que hace un "uso fraudulento" de los trámites parlamentarios. El partido de Alberto Núñez Feijóo argumenta que no hay ninguna relación entre una proposición de ley que pretende derogar un delito como el de sedición con la voluntad de cambiar las normas para renovar el Tribunal Constitucional.
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, afirmó que su partido presentó "el primero" de más recursos que presentará ante este mismo tribunal. En opinión de los populares, "el objetivo" de la Moncloa es "controlar el Tribunal Constitucional, cosa que necesitan para que se pueda celebrar el referéndum del que tanto se habla estos últimos días". La esperanza del PP es que el TC se pronuncie antes del Pleno de este jueves, cuando se tienen que votar las enmiendas a la derogación de la sedición.
La reforma de PSOE y Podemos
PSOE y Podemos presentaron dos enmiendas para reformar el poder judicial y desbloquear de este modo los nombramientos para el Tribunal Constitucional. En primer lugar, pretenden cambiar la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden por un nuevo sistema por el cual se nombrará los dos magistrados que saquen más votos. También quieren permitir al gobierno español y al Consejo General del Poder Judicial hacer su propio nombramiento aunque la otra parte no lo haga en los plazos fijados. Así mismo, quieren establecer un plazo para aquella elección que, en caso de que los vocales lo incumplan, pueden llegar a tener responsabilidades penales.