El Tribunal Constitucional va tarde, pero va haciendo. Hoy ha admitido a trámite la impugnación para la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat, prevista para el 30 de enero. Han pasado 3 meses y aquel pleno ni siquiera se hizo, pero el Tribunal Constitucional hoy admite a trámite la impugnación que presentó el gobierno español y eso afecta a cualquier decisión que tenga como objetivo investir a Carles Puigdemont. Porque la resolución anula cualquier acto, resolución, acuerdo o vía que tenga que ver con la candidatura para investir al president en el exilio y, por lo tanto, choca directamente con los trámites que está haciendo el Parlament de Catalunya para modificar la ley de la Presidencia para una hipotética nueva propuesta de investidura de Puigdemont.
El Tribunal Constitucional advierte, además, al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a toda la Mesa de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Y les avisa de que puede haber consecuencias penales si toman alguna decisión que contradiga esta suspensión, aunque esta esté dentro de sus "respectivas competencias".
El acuerdo del TC explica que "ha apreciado que las dudas iniciales que pudieron existir sobre su viabilidad procesal —dudas que se fundamentan, esencialmente, en su posible carácter cautelar— quedaron objetivamente despejadas por la decisión del presidente de la Cámara de aplazar la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisión de la impugnación".
Y el tribunal entiende que la decisión de Roger Torrent de aplazar el pleno "pone de relieve que la propuesta del candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medidas cautelares" que adoptó el mismo TC, antes de decidir si se admitía o no a trámite la impugnación del ejecutivo de Rajoy contra la investidura de Puigdemont, de suspender el pleno si no se hacía con la presencia del candidato.
Ahora el TC da 20 días al Parlament de Catalunya y a las partes que están personadas en el caso para que presenten alegaciones. El acuerdo que se ha aprobado hoy por unanimidad del pleno del Constitucional incluye la suspensión de todas las resoluciones que hayan tomado en relación a esta investidura desde el 26 de enero.