Ninguna novedad en el tribunal de garantías español. El pleno del Tribunal Constitucional ha informado hoy de que ha inadmitido el recurso de amparo solicitado por el ex vicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa, que denuncia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha vulnerado sus derechos al procesarlo por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en la pasada legislatura. Como ya es habitual, los tres magistrados progresistas del TC, Ramón Sáez, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer han anunciado un voto particular contrario a la mayoría de magistrados. El tribunal solamente ha hecho pública la resolución, no el contenido de su razonamiento. "En seis meses, récord mundial, el TC ha desestimado mi recurso contra la persecución de los miembros de la Mesa. Los magistrados, que son juez y parte, han resuelto divididos y a toda prisa porque no podían denegar la suspensión cautelar del juicio sin prevaricar. Ensanchando la grieta", ha tuiteado Costa.

En la resolución, de la cual es ponente a magistrada Inmaculada Montalbán, el TC considera que el TSJC no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales denunciados por Costa, y por eso inadmite las quejas relativas al juez imparcial y al juez predeterminado por la ley. También desestima el recurso de amparo interpuesto por el exdiputado de Junts hacia las vulneraciones de participación y representación política, el derecho a la libertad ideológica, de expresión y reunión, y a una tutela judicial efectiva. El contenido de la resolución y de los votos particulares se dará a conocer en unas semanas.

 

COSTA pivote

Desobediencia

El TSJC procesó a Costa por un delito de desobediencia al TC por haber permitido el debate sobre la autodeterminación y la reprobación del rey Felipe VI, junto con los miembros soberanistas de la anterior Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent (ERC), el 2019. La Fiscalía pide para Costa, Torrent y Eusebi Campdepadrós (Junts), actual secretario para la Administració de Justícia, veinte meses de inhabilitación y para Adriana Delgado (ERC), dieciséis meses. Ahora, con la rápida respuesta del TC, el TSJC ya no tiene ningún impedimento para fijar la fecha del juicio. Será la segunda Mesa del Parlament juzgada por desobediencia. Costa denunció que no reconocía la autoridad del TSJC y por eso no se presentó a declarar como investigado y la magistrada Maria Eugènia Alegret lo hizo detener para que se presentara delante de ella y ratificarle que se acogía a su derecho a no declarar. También recusó a la magistrada instructora, sin ser aceptado, y ha adelantado que no se presentará al juicio. "No tiene ningún sentido dialogar con unos jueces y fiscales represores, que no entienden conceptos básicos como la separación de poderes. El objeto es derrotarlos en Europa", tuiteaba Costa el septiembre pasado para explicar por qué no se presentaba a declarar ante Alegret.

TC contaminado

Precisamente, hoy la presidenta del Parlament de la undécima legislatura, Carme Forcadell, ha anunciado que presenta una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la vulneración de la inviolabilidad del Parlament y de ella como diputada por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Sus abogados Olga Arderiu e Iñigo Iruin han afirmado que el TC, "ha sido denunciante y juez". Es decir, que con la Ley orgánica 15/20015 el TC ha prohibido el debate de autodeterminación en el Parlament catalán y al mismo tiempo ha hecho investigar penalmente la Mesa, y finalmente ha rehusado el amparo de los diputados, como hizo con todos los presos políticos