Nueve años de exilio forzado, sin pisar Catalunya, y dos años esperando la aplicación de la ley de amnistía. Es el castigo que han soportado el president Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que ahora debe llegar a su fin. Si nada cambia, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobará este martes, o el miércoles, las dos ponencias que admiten los recursos de amparo del exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull y la exconsellera republicana Dolors Bassa al considerar vulnerados sus derechos por parte del Tribunal Supremo: no les amnistió el delito de malversación del 1-O y mantiene su inhabilitación a cargo público hasta 2030. Las dos resoluciones serán decisivas para permitir el regreso del president y los exconsellers exiliados, pero no son las definitivas. Es necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Además, la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre que ha hecho el presidente Pedro Sánchez este lunes podría interferir en los órganos judiciales. Sin embargo, con estas sentencias (contenido que se repetirá en los recursos que restan), el Constitucional da por cerrada la carpeta de la ley de amnistía, que ya avaló en verano del 2025.
La previsión es que el juez del Supremo Pablo Llarena aplique la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig, una vez que se le comunique la sentencia del TC y se publique en el BOE. Lo mismo ocurrirá con la Sala de lo Penal del Supremo, que bloqueó la amnistía de los condenados: Turull, Bassa, junto con el líder de ERC, Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, que podrán presentarse a elecciones. La sentencia a favor de la amnistía de la malversación puede estar lista este jueves, pero faltan incorporar los cinco votos en contra de los magistrados conservadores, que ya han anunciado que lo harán, según fuentes del órgano consultadas por ElNacional.cat. Pueden pasar dos semanas hasta que no se comunique la sentencia y los votos al Supremo. Por eso, las defensas de los líderes políticos no presentarán ningún escrito este martes, y esperarán a la publicación de la resolución. Llarena aseguró que, si la sentencia del TC es clara, no tardará en aplicarla y archivar las órdenes de detención en el Estado español que mantiene contra Puigdemont, Puig y Comín. Con este calendario, se espera que el president Puigdemont pueda regresar al país a finales de octubre o principios de noviembre.
¿Las generales frenarán a los tribunales?
La convocatoria de elecciones anticipadas es un nuevo factor no valorado. Habitualmente, la convocatoria de elecciones generales y autonómicas provoca que jueces y tribunales dejen decisiones y resoluciones sobre la mesa para no interferir en la contienda electoral. No hay ninguna norma escrita, pero se hace así. La última vez fue en las elecciones de Aragón, que hicieron retrasar la fecha de juicio del hermano del presidente Pedro Sánchez, David, condenado a inhabilitación a cargo público en primera instancia. La convocatoria de las generales para el 29 de noviembre puede provocar que se retrase hasta pasadas las elecciones el anuncio de la fecha del juicio a la mujer del presidente, Begoña Gómez, o la sentencia del caso Kitchen, con el exministro del PP Jorge Fernández Díaz, juzgado.
¿El juez Llarena y la sala de lo penal del Supremo aplazarán la aplicación de la amnistía a los líderes catalanes por las elecciones? No es probable, según fuentes consultadas. Se sostiene que el Supremo, como agente político que ha actuado en la causa catalana, ya ha rentabilizado el caso del 1-O y, como al PP le es más favorable la vuelta de Puigdemont que al PSOE, el alto tribunal español no perderá ni un minuto para que así sea. Y si se sigue la norma no escrita, el Supremo debería dejar sobre la mesa la respuesta a los líderes independentistas hasta pasadas las elecciones.
Ir contra la ley
Sea como sea, la sentencia del Constitucional será una lección jurídica al Supremo. Hace unas semanas trascendió el contenido de la ponencia que ha tenido que rehacer el conservador José María Macías para dar respuesta a Turull. También ha trascendido el contenido de la ponencia hecha por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que defiende aplicar la amnistía a la malversación del procés imputada a la exconsellera Dolors Bassa. En el borrador, Conde-Pumpido acusa al Supremo de haber vulnerado los derechos de Dolors Bassa al negarle esta medida y de ir más allá de lo que la norma del olvido penal recogía.
"Este tribunal concluye que las resoluciones judiciales recurridas no solo han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables, sino que, además, al apartarse de la finalidad de la Ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía", afirma el presidente del tribunal en su ponencia. Concluye que "el Supremo ha fundado su decisión en una interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma, e internamente contradictoria de los presupuestos de aplicación de las causas de exclusión reguladas en la ley de amnistía".