El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, defiende aplicar la amnistía a la malversación del procés por "las reglas de la lógica y del sentido común" y acusa al Tribunal Supremo de haber vulnerado los derechos de Dolors Bassa al negarle esta medida. En una ponencia de 65 páginas que se debatirá en el pleno del 6 de octubre, propone anular las resoluciones del alto tribunal que impidieron amnistiar a la exconsellera y ordenarle que dicte una nueva resolución que declare amnistiado el delito. Aunque el texto se centra en el recurso de Bassa, su alcance va mucho más allá de su caso particular, ya que la decisión que adopte el Constitucional establecerá el criterio que se deberá seguir en los otros procedimientos vinculados a la malversación del 1-O, incluidos los de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas a los que el Supremo ha negado la amnistía.
Este pronunciamiento llega después de que el Constitucional ya marcara el camino el pasado 22 de septiembre, cuando la mayoría del pleno rechazó, por siete votos a cinco, una primera ponencia contraria a la amnistía, elaborada por el magistrado José María Macías sobre el recurso de Jordi Turull. Macías defendía mantener la negativa del Supremo a amnistiar la malversación, pero la mayoría de los magistrados no compartió su criterio y le encargó una nueva propuesta favorable a la aplicación de la ley, que se debatirá también el 6 de octubre. Aquel mismo día se examinará la ponencia de Conde-Pumpido sobre Bassa.
Aunque cada recurso tiene su propio magistrado ponente, es el conjunto del tribunal quien toma la decisión definitiva, y la primera sentencia que se apruebe fijará la doctrina que deberá guiar la resolución de los otros casos. Esto abre la puerta a aplicar la amnistía a los otros condenados y procesados por malversación, entre los que también se encuentran Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig, aunque cada situación judicial se deberá resolver formalmente y el Supremo deberá hacer efectivas las decisiones que correspondan.
El enriquecimiento personal, en el centro del conflicto
Uno de los principales reproches de la ponencia se centra en la interpretación que el Supremo hizo del enriquecimiento personal. El alto tribunal había considerado que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio patrimonial porque destinaron dinero público al referéndum del 1 de octubre y se ahorraron tener que sufragar los gastos con su patrimonio. Conde-Pumpido rechaza este razonamiento y recuerda que la ley de amnistía establece un concepto propio de enriquecimiento, diferente del que se utiliza para determinar la existencia del delito de malversación. Según la ponencia, la voluntad del legislador era excluir los desvíos de fondos destinados a la corrupción personal, pero no los gastos vinculados a los objetivos del proceso independentista.
El presidente del Constitucional sostiene que esta distinción es la única compatible con "las reglas de la lógica y del sentido común" y con la finalidad de la norma. En este sentido, reprocha al Supremo que haya justificado la exclusión de determinados casos de malversación "no por lo que la norma dice, sino por lo que la Sala entiende que debería haber dicho". La ponencia considera que este criterio reduce drásticamente las posibilidades de aplicar la amnistía a las conductas que precisamente se pretendían incluir en su ámbito y que, en consecuencia, vulnera los derechos fundamentales de Bassa.
Una contradicción "flagrante e insoluble" del Supremo
El texto también desmonta el segundo argumento utilizado para negar la amnistía: el riesgo de que una eventual independencia de Catalunya hubiera perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea. Conde-Pumpido señala que esta justificación entra en contradicción con la propia sentencia del Supremo de 2019, que había descartado que las actuaciones de los dirigentes independentistas fueran efectivamente capaces de conseguir la secesión. La ponencia considera incompatible que el tribunal negara entonces esta posibilidad y que posteriormente invocara el riesgo de independencia para impedir la amnistía. "La contradicción es flagrante e insoluble", afirma.
Además, Conde-Pumpido se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 16 de julio de 2026, según la cual una eventual reducción de las aportaciones de un Estado miembro derivada de la secesión de una parte del territorio no comporta, por sí misma, una afectación de los intereses financieros europeos. La ponencia considera que este pronunciamiento es "diametralmente opuesto" al criterio del Supremo y refuerza la necesidad de anular sus resoluciones.
El Constitucional deberá debatir y votar la propuesta el 6 de octubre, en un pleno que también abordará el recurso de Jordi Turull. Si prospera este criterio, el Supremo deberá revisar su negativa a amnistiar la malversación de Bassa, una decisión que también puede tener consecuencias para los otros procedimientos vinculados al proceso independentista, incluido el de Carles Puigdemont.