El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a Begoña Gómez a juicio con jurado popular por malversación y tráfico de influencias, según ha acordado en un auto de este lunes. El magistrado ha tomado la decisión justo después de volver de vacaciones y antes de jubilarse esta misma semana, con un texto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, que será juzgada solo por el delito de malversación. De esta manera, el juez pone fin a una instrucción que comenzó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia de los ultras de Manos Limpias.
Peinado sí que ha ordenado averiguar la "capacidad económica" de Gómez mediante el Punto Neutro Judicial para que se aporten a la causa las cinco últimas declaraciones de la renta, en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer. Asimismo, ha acordado para ambas "la obligación" de permanecer "en todo momento" a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que fije fecha de juicio, y al que deberán comunicar cualquier cambio de domicilio. La acusación popular la lidera la asociación ultra Hazte Oír, que solicita penas de 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden la absolución.
Segunda vez que las envían a juicio
Es la segunda vez que el magistrado abre juicio oral contra las dos imputadas. La primera vez fue en junio, cuando Peinado atribuyó a Gómez y a la asesora los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, y acordó la retirada de los pasaportes y la prohibición de salir del territorio —en una decisión de lo más polémica, por insinuar que los escoltas la podían ayudar a huir—. Gómez y Álvarez recurrieron contra la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, sin éxito: este órgano confirmó la decisión del juez de enviarlas con jurado popular, pero descartando dos de los cuatro delitos.
La Audiencia de Madrid señaló que los "indicios" que existen sobre la esposa del presidente español sitúan su participación en presunto tráfico de influencias cometido por particular, tanto en la creación de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como en "la intermediación a favor de (Juan Carlos) Barrabés" —de hecho, el empresario era el tercer imputado en la causa, pero ha quedado apartado del juicio para que continúe la investigación sobre "la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos"—. También sitúan su participación en presunta malversación por el destino del software y por "la utilización para fines privados de su asistente personal".