El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia.

En una nota informativa del tribunal de garantías, señala que el pleno ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El PP considera que la ley impugnada vulnera varios preceptos de la Constitución como el derecho a la vida (art. 15), así como los artículos 10.1 y 2, 14, 16, 23, 49, 53.2, 93, 96.1, 168 y 169. El ponente de la sentencia que se dicte será el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

El recurso de Vox

El pasado 25 de junio, el mismo día que entró en vigor la Ley de la Eutanasia, el Tribunal Constitucional anunció que admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox contra esta normativa. Sin embargo, el pleno del TC también acordó por unanimidad denegar la petición de suspensión de la ley que también pedía la formación de extrema derecha. 

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido que encabeza Santiago Abascal a mediados de junio —con el apoyo de una cincuentena de diputados— también consideraba que la ley de la eutanasia vulnera el derecho a la vida que recoge la Constitución.

La ley

El pasado junio entró en vigor la ley orgánica de la eutanasia que permite la muerte asistida y convierte al estado español en el sexto país del mundo que la legaliza (después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia).

La norma establece un procedimiento a través del cual el paciente puede pedir que se le aplique la eutanasia tanto en centros hospitalarios como en casa. Lo pueden pedir los mayores de edad que sufren una enfermedad grave, crónica o incurable en situaciones asociadas a un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable" y cuando, además, existe la "seguridad" o una gran probabilidad de que no haya capacidad de cura o mejora.

Por su parte, las principales órdenes religiosas que gestionan varios hospitales de todo el Estado, entre ellos Sant Joan de Déu i Sant Camil, se niegan a aplicar la ley de la eutanasia. Así lo trasladaron en un comunicado conjunto, donde califican la muerte asistida de "acción suicida o actuación homicida", y, por el contrario, se declaran "comprometidos con el alivio del sufrimiento y el cuidado de la vida".

 

Foto principal: Manifestación a favor de la eutanasia / Europa Press