Ya es oficial. El Tribunal Constitucional disfrutará de más poder desde hoy después de que haya aprobado hoy avalar la reforma que le permite suspender políticos de sus cargos en caso de que lo desobedezcan y, por lo tanto, asumirá las competencias sobre capacidad coercitiva y sancionadora contra los cargos públicos que incumplan sus órdenes y sentencias.

De esta manera, el alto tribunal podrá asegurarse de que se cumpla todo lo que dicta y, en caso de que no sea así, no tendrá ningún problema al suspender a los políticos y apartarlos de sus cargos, como pretende hacer con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, porque ha declarado la reforma de acuerdo con la Constitución.

La resolución rechaza el recurso de inconstitucionalidad planteado por el gobierno vasco -hay otro de la Generalitat-, y da la razón al ejecutivo español, que planteó esta reforma como una vía "coercitiva" para obligar a las instituciones catalanas a hacer marcha atrás en el proceso independentista.

Ahora bien. La sentencia no se ha aprobado por unanimidad. Ocho de los magistrados del TC han votado a favor y tres en contra. Como ya era previsible, la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, ha votado en contra junto con el magistrado Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol por considerar la medida "inconstitucional".

"Sin intencionalidad política"

La resolución del TC, de la que ha estado ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, asegura que el Tribunal Constitucional se estableció a la Constitución como un "auténtico órgano jurisdiccional" que, por lo tanto, tiene potestad para ejecutar sus resoluciones. Sostiene que la medida que le permite suspender cargos no es "punitiva", sino que sólo asegurar el cumplimiento de las sentencias.

Como ejemplo, argumenta que sólo se suspenderá cargos públicos cuando "se acredite su voluntad deliberada y persistente de no atender" las resoluciones del TC, y que aunque las medidas se pueden prolongar mientras no se cumplan sus resoluciones, se levantarán "tan pronto como cese la voluntad incumplidora".

Además, según el TC, las decisiones del Tribunal nunca tienen intencionalidad "política", y el tribunal nunca juzga "las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito", sino que hace un control "abstracto" sobre la aplicación de las normas impugnadas. Por este motivo, el TC descarta que la reforma "desnaturalice" el modelo de constitucional y altere la posición y las funciones del propio tribunal con respecto a otras instituciones, como sostienen los recursos del gobierno vasco y catalán.

Fracturas internas

La vicepresidenta del TC ya dimitió como ponente de la resolución al considerar que esta medida es inconstitucional y al quedarse en minoría defendiendo su posición.

Asúa, que había elaborado y defendido a capa y espada un proyecto de sentencia en que se declaraba contraria a la regulación de estas competencias en la Constitución, se quedó prácticamente sola cuando a principios de octubre lo presentó y el alto tribunal acordó por mayoría redactar un nuevo proyecto de sentencia. Por eso decidió abandonar la ponencia.

Asúa, así como los progresistas Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol, consideran que el tribunal ha abdicado de ejercer su jurisdicción porque no ha entrado en el fondo de varias cuestiones sobre las que el recurso lo forzaba a pronunciarse, y que cuando excepcionalmente lo ha hecho, ha actuado de una manera superficial "incompatible con la naturaleza y la gravedad de los reproches de inconstitucionalidad" que presentaba el recurso.

Contrariamente a lo que estaba pasando en los últimos meses, en que Pérez de los Cobos impulsaba acuerdos para hacer posible sentencias unánimes sobre cuestiones que afectaban al proceso soberanista, en esta ocasión la sentencia pone de manifiesto la fractura en el sí de la institución.

Encontrar la manera

Eso llega después de que la Fiscalía acusara a Forcadell de "concretar un plan preciso para la secesión", y después de que este martes los tres jueces de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), encabezados por José María Barrientos, decidieran enviarla al banquillo de los acusados por desobedecer el alto tribunal.

Aparte de eso, esta nueva competencia irá muy bien al alto tribunal para suspender directamente –si quiere– los cargos que permitieron la votación del Parlament del 6 de octubre, en qué se reclamaba al Govern que convoque un referéndum para la independencia como muy tarde en septiembre del 2017 y contra la cual el Ejecutivo estatal interpuso otro recurso.