El silencio sólo es roto por los aviones del Ejército español. Están ensayando para el desfile militar del Día de la Hispanidad, el próximo sábado, y aprovechan para sobrevolar el Convento de las Salesas de Madrid, donde está el Tribunal Supremo. Pero eso es lo único que rompe el silencio en la sala segunda del alto tribunal español. Sus magistrados, los que tienen que dictar la suerte de los presos políticos independentistas, llevan toda la semana recluidos en un bunker bien hermético. No sale nada de las deliberaciones. El hermetismo impuesto por Manuel Marchena ha conseguido, de momento, frenar las filtraciones a medios, que se tienen que conformar con especulaciones.

A estas alturas, de lo poco que se sabe es que los magistrados del tribunal todavía no han cerrado el veredicto. Fuentes de la sala insisten en que buscan la máxima unanimidad, evitar fisuras que se expresen con votos particulares. Es la gran obsesión. El porqué seguramente hay que buscarlo en Estrasburgo. La hora es lo suficientemente grave como para evidenciar una división dentro del mismo poder judicial. Hay deliberaciones cada día, como las ha habido durante los últimos meses. No se sabe ni cuándo empiezan ni cuándo acaban; sólo se puede intuir por algún magistrado que se deja ver fugazmente por los pasillos del Tribunal Supremo. De momento, se van sacando carpetas de encima, como la exhumación de Franco o los jóvenes de Altsasu.

Ahora mismo hay más incertidumbre que certezas. Los magistrados no quieren dejar ni un cabo suelto. El plan inicial era cerrarlo todo este martes, después de deliberar durante dos días. Pero la cosa se ha ido alargando en los últimos flecos, pero también en los más importantes: las condenas y las penas que se imponen a los acusados. El debate, como desde el inicio del juicio por parte de las acusaciones, está entre la sedición y algún tipo de tentativa para la rebelión. El asunto es lo suficientemente importante como para evitar que haya votos particulares en la sentencia más importante de la democracia española. 

Las previsiones, sin embargo, sí que van variando. Ya está descartado que la sentencia se haga pública este jueves 10 de octubre. En el caso del viernes 11, víspera del Día de la Hispanidad, la puerta todavía está medio abierta, pero las posibilidades son más bien remotas. Hoy por hoy las especulaciones apuntan hacia el lunes 14, cuando se celebra la vista oral en Luxemburgo para la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. Pero tampoco está descartado que se vaya más allá. La fiscalía ya ha pedido una vista para prorrogar la prisión provisional de los Jordis, que finaliza el miércoles 16 de octubre. La sala ha dado traslado a las partes para que presenten alegaciones. Las defensas han pedido la liberación. Esta vista tampoco supondría muchos problemas logísticos: los dos presos podrían participar de ella por videoconferencia.

Desde hace semanas, desde el Tribunal Supremo se han mostrado comprometidos a avisar del momentum 24 horas antes de hacer pública la sentencia. Mientras tanto, en Madrid, todo es hermetismo. Salen muy pocas cosas de la sala presidida por Manuel Marchena. Todo es silencio, sólo interrumpido por los aviones del Ejército español sobrevolando casualmente el palacio que ocupa el alto tribunal español. El veredicto se cuece a fuego lento. Iban lentos porque iban lejos.

La Guardia Civil no es un colectivo vulnerable

Este miércoles, sin embargo, sí que ha habido actividad pública en el Tribunal Supremo. El alto tribunal ha corregido las condenas a los jóvenes de Altsasu, rebajando las penas al retirar el agravante por discriminación. Curiosamente, uno de los magistrados que ha emitido un voto particular es Antonio del Moral, también integrante de la sala del Supremo. Junto con otro magistrado, ha rebatido que la Guardia Civil sí que es un colectivo que puede sufrir discriminación. La decisión del Supremo puede tener repercusión en otros casos judicializados en Catalunya.

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