El presidente de la comisión de expertos que hacen seguimiento de la huelga de hambre de los presos políticos, Josep Terés, alerta de que "no sería deseable" que el Tribunal Supremo o las autoridades penitenciarias intercedieran en la protesta, por ejemplo forzándoles a comer.
Josep Terés / ACN
En una entrevista en la ACN, el líder de la comisión impulsada del Col·legi de Metges de Barcelona ha recordado que desde hace pocos años los facultativos en centros penitenciarios tienen "independencia", ya que antes pertenecían a Justícia y ahora al Institut Català de la Salut (ICS). Por otra parte, ha explicado que "a partir del 40º o el 45º día" de huelga de hambre "hay mucho riesgo" que pierdan la capacidad de decisión, y sería entonces cuando los médicos actuarían según el testamento vital que han firmado.
Según Terés, "no es previsible" que estamentos judiciales o políticos interfieran en la acción de los diputados de Junts per Catalunya encarcelados Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. En este sentido, ha recordado que el año 2000 se aprobó la primera ley de autonomía del enfermo en Catalunya –que después se extendió al Estado–, que "obliga a respetar la voluntad del enfermo por encima de todo". Así, cree que ahora la legalidad no es la misma que cuando se dictaron sentencias como la del Tribunal Constitucional el año 1990 para obligar a alimentar a presos de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) en huelga de hambre.
"La alimentación forzada es inaceptable éticamente"
Además, el médico, también presidente de la comisión de Deontologia del Col·legi, ha explicado que los presos han firmado un testamento vital, que de momento es "confidencial", en el cual explican sus "deseos" en caso de "pérdida de capacidad cognitiva y, por lo tanto, de capacidad de decisión". Terés ha dicho que "nunca" se tiene que forzar a nadie a ingerir alimentos, excepto si el documento que han firmado dice lo contrario. "La alimentación forzada es inaceptable éticamente, y está calificada como tortura por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha dicho. Según él, el testamento vital se podría tener que utilizar si la acción de protesta llega a los 40 o 45 días, mientras que "es inusual" una supervivencia más allá de los 60 días.
Terés también ha dejado claro que la comisión que encabeza "está formada para dar apoyo institucional y amparo" a los profesionales que están cuidando a los presos en Lledoners. En ningún caso, ha dicho, quieren interferir en los médicos del centro penitenciario, formado por "un equipo de asistencia primaria". La comisión podría ayudar en cuestiones de tipo ético o deontológico generadas por la situación de huelga de hambre. En cualquier caso, según Terés, los doctores que atienden a los presos políticos "tienen unos protocolos muy específicos" sobre qué tiene que hacer cada día.