El Tribunal Supremo resolverá este martes si deja en libertad a los presos políticos que son candidatos, según confirman fuentes jurídicas a la ACN. La semana pasada, las defensas de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva presentaron escritos pidiendo su liberación no sólo para poder hacer campaña sino también para garantizar el derecho a la defensa y acabar lo que queda de juicio desde fuera de la prisión. Este lunes, también ha anunciado que se ha adherido a la petición la defensa de Joaquim Forn.

Los magistrados resolverán los escritos mañana mismo y, según apuntan varios medios, ya podrían avanzar que dejarían salir a los presos que salgan elegidos el 28 de abril para recoger el acta. El reglamento del Congreso y el Senado establece que el acta se tiene que recoger presencialmente y, por lo tanto, el tribunal permitiría que asistieran a la sesión de constitución de la cámara.

Quien fue más específico fue Jordi Pina, que manifestaba al tribunal que sus representados (Sànchez, Rull y Turull) ofrecían todo su patrimonio como garantía para una posible fianza y también proponían arrestos domiciliarios dentro de la ciudad de Madrid.

Acatar la Constitución

Por lo tanto, si se produce este escenario, los presos políticos podrían asistir el próximo 21 de mayo a la sesión de constitución del Congreso y subir al estrado de la cámara baja para jurar o prometer (ni que sea por imperativo legal) acatar la Constitución.

Según fuentes del Congreso, sin embargo, antes hará falta que vayan a la Junta Electoral provincial correspondiente a buscar el acta conforme son diputados electos y llevarla al Congreso. También tendrán que aportar documentos y hacer la declaración de actividades. Unos trámites, sin embargo, que no es obligatorio que hagan personalmente.

Ahora bien, si no acatan la Constitución, no completarán todos los trámites y, por lo tanto, no pueden ejercer plenamente las funciones de diputado y, entre otras consecuencias, ni cobrarían ni podrían votar ni participar en las deliberaciones.

El Supremo también tendrá que decir cómo, en caso de ser escogidos, se puede articular su participación en las votaciones, ya que el reglamento del Congreso es muy restrictivo y sólo permite el voto a distancia en caso de enfermedades que impiden el desplazamiento, bajas de maternidad o lactancia.

Mítines en la prisión

Los magistrados también tienen sobre la mesa la petición de hacer debates electorales dentro de la prisión. La semana pasada, la Junta Electoral Central (JEC) dejó en manos del Tribunal Supremo la decisión de autorizar un debate electoral de candidatos a las elecciones del 28 de abril en la prisión de Soto del Real, tal como pidió el cabeza de lista por Barcelona de JxCat en prisión preventiva en la prisión madrileña, Jordi Sànchez. El árbitro electoral argumentó que "el órgano competente" para "decidir si medidas como las pedidas son compatibles con el objeto de la detención del candidato" es la sala presidida por Manuel Marchena.