El Tribunal Supremo ha descartado este miércoles elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el real decreto de regularización de inmigrantes. La Sala Tercera del alto tribunal ha desestimado adoptar las medidas cautelares solicitadas por los gobiernos de Aragón y el País Valencià, que exigían suspender la norma. Ya el pasado mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó que no frenaría la regularización, medida cautelar pedida por Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
El Supremo incidió en el "interés público" y el "sustrato humano" en su decisión de no suspender de forma cautelar la regularización. "Tal interés público se sustenta en distintas justificaciones (de carácter humanitario y de respeto a los derechos humanos con especial énfasis en la protección de los menores, de carácter económico, carácter demográfico, carácter cultural y social, etc.)", indicó. Los magistrados añadieron que ese interés público "se contrae, en esencia, a permitir la plena integración de aquellas personas que no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales".
"La incorporación plena al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente; cosa que también permite garantizar a las personas extranjeras el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral", sostuvieron los magistrados.
El tribunal expresó que "también resultarían afectados intereses de terceros, como son las propias personas solicitantes de las autorizaciones, por cuanto que la suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa, pugnando con el interés público perseguido, con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente".
Catalunya lidera la regularización extraordinaria de inmigrantes con más de 257.000 solicitudes
La semana pasada acabó el plazo para presentar las solicitudes de regularización y, en total, en todo el Estado, se han registrado 1.174.978. Es más del doble de la estimación inicial que se hizo cuando se aprobó esta regularización extraordinaria, que da a los inmigrantes el derecho a vivir y trabajar en el Estado; no se trata de una nacionalización que, por ejemplo, otorgue el derecho a votar.
Catalunya es la autonomía que concentra más peticiones de la regularización extraordinaria de inmigrantes con 257.000 solicitudes; por delante de la Comunidad de Madrid, con 202.000; el País Valencià, con 167.000; y Andalucía, con 161.000. De las 257.000 solicitudes en Catalunya, Barcelona es la demarcación con más peticiones de regularización, con 192.195, seguida de Tarragona (27.214), Girona (22.701) y Lleida (15.492). En cuanto a las demarcaciones de todo el Estado, es Madrid la que está a la cabeza con el 17,23% de las solicitudes solicitadas, solo un poco por delante del 16,36% registrado en Barcelona; por delante de València (6,38%), Alicante (6,23%) y Murcia (3,85%).