El Tribunal Supremo ha amnistiado a la exconsellera Clara Ponsatí del delito de desobediencia por el 1-O, según ha comunicado este jueves. La resolución llega dos años tarde. La defensa de Ponsatí, ejercida por Gonzalo Boye, pidió la aplicación de la norma del olvido penal justo cuando fue aprobada, en junio de 2024. El alto tribunal español bloqueó la aplicación de la ley de amnistía en todos los casos y presentó una consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la norma del olvido penal, que validó en verano de 2025. Ahora, el Supremo afirma que "el delito de desobediencia atribuido a Clara Ponsatí no ofrecería duda en cuanto a su subsunción en el artículo 1.1 de la Ley orgánica 1/2024, según lo expuesto por el Tribunal Constitucional", y acuerda el sobreseimiento del procedimiento penal contra ella.
Ponsatí volvió a Catalunya por sorpresa en marzo de 2023, después de cinco años de exilio y cuando era eurodiputada por Junts. Los Mossos d'Esquadra la detuvieron y, después de unas horas en los juzgados, el instructor del Supremo de la causa del 1-O, Pablo Llarena, la dejó en libertad porque el delito que se le imputaba no implica penas de prisión. Ponsatí estaba pendiente de ser juzgada por el 1-O, junto con el president Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
Goteo de amnistías
La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron la amnistía de Ponsatí, como hizo su defensa. Con el aval del Constitucional a la ley de amnistía, aprobada por el Gobierno del PSOE —impulsada por Junts y ERC—, el Supremo sacó del cajón los casos pendientes, la mayoría juzgados, y les aplicó la amnistía. Uno de los casos es la Mesa del Parlament presidida por Roger Torrent. También de la exconsellera Meritxell Serret. Igualmente de jóvenes condenados por desórdenes públicos.
El Tribunal Supremo también ha sido forzado a aplicar la amnistía a los líderes políticos condenados por la malversación del 1-O, con una segunda sentencia del Tribunal Constitucional, el octubre pasado, que admite el amparo de la exconsellera Dolors Bassa. Por ahora, el alto tribunal español ya ha aplicado la norma a los políticos condenados: Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. El archivo de su caso ha permitido levantarles la inhabilitación para cargo público y el líder de ERC ya lo ha estrenado al cerrar la lista de los republicanos en las elecciones en el Congreso del 29N.
La Sala de lo Penal del Supremo tiene pendiente ahora aplicar la ley de amnistía al president Puigdemont y los exconsellers Comín y Puig, después de que el magistrado Llarena haya cerrado la investigación y de retirar la orden de detención contra ellos en el Estado español. Los exconsellers Comín y Puig ya han vuelto a Catalunya y se espera que el president Puigdemont lo haga después del 29N en un acto de país.