El Tribunal Supremo continúa aplicando la amnistía a políticos catalanes con ocho meses de retraso. Este martes el alto tribunal español ha anunciado que ha aplicado la norma del olvido penal a los miembros de la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, que fue condenada por sedición y estuvo casi tres años en prisión. Los nuevos amnistiados son los exdiputados Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) los condenó a cuatro meses de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 1.200 euros por haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) al permitir el debate y aprobación de las leyes para el 1-O de 2017. El alto tribunal español también ha aplicado la amnistía a la primera exconsellera del Govern de 2017, Meritxell Serret, condenada por desobediencia. El pasado viernes, el Supremo comunicó la amnistía a la Mesa de Roger Torrent y a tres activistas.
El juicio a la mesa de Forcadell se tuvo que repetir, obligada por el Tribunal Supremo. En la primera sentencia, el TSJC condenó a los cuatro miembros de la Mesa a 20 meses de inhabilitación para cargo público, en octubre de 2020, y finalmente se les aplicó la atenuante de dilaciones indebidas de este procedimiento, iniciado en 2016 con una querella de la Fiscalía. Ahora, la amnistía aplicada a los diputados de ERC y de Junts tiene nulos efectos jurídicos porque ya han cumplido el castigo y las multas no pueden ser devueltas, tal como fija la ley.
Desde el octubre pasado, en el cajón del Supremo
Los abogados de Simó, Corominas, Pitufo y Guinó presentaron recursos de casación al Supremo contra su condena, a la cual se opusieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido ultra Vox. El Gobierno español aprobó la ley de amnistía en junio de 2024. El Supremo no la aplicó porque presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), que avaló la ley el verano pasado y respondió el Supremo el 8 de octubre de 2025, que aceptaba una parte de sus enmiendas, como por ejemplo que los contrarios a la independencia tenían que ser amnistiados también. El Supremo ha guardado en un cajón la causa de los políticos e independentistas catalanes durante ocho meses. La puesta al día de la carpeta sobre los procedimientos a independentistas de Catalunya por parte del alto tribunal español coincide con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala la ley de amnistía, incluido el delito de malversación, porque no se han afectado fondos europeos.
No obstante, el Supremo mantiene su negativa a aplicar la amnistía al president en el exilio, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, como también los condenados por malversación por el 1-O: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.