El suplicatorio contra los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, se pondrá en marcha este lunes en el Parlamento Europeo después de meses de retraso provocado por la crisis del coronavirus. Los tres políticos independentistas basarán sus argumentos en contra del levantamiento de la inmunidad que reclama el Supremo en la denuncia de que se trata de un caso de persecución política; que se han producido irregularidades en el procedimiento que podrían provocar la impugnación del suplicatorio ante el TJUE; y que las acusaciones no están justificadas.

Sin embargo, aparte de los argumentos legales que se esgrimirán ante la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), también la forma como se está llevando a cabo el procedimiento de inmunidad está suscitando dudas que los tres diputados de Junts-Lliures per Europa tienen intención de poner sobre la mesa.

Carles Puigdemont Toni Comin Parlament Europeu Estrasburg - Robert Lázaro

Comín y Puigdemont tomaron posesión de sus escaños de Estrasburgo el pasado mes de enero / Roberto Lázaro

Se multiplica la presencia española

Los eurodiputados subrayan entre estas cuestiones el repentino interés que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha despertado entre los eurodiputados españoles. Cuando empezó la legislatura, de los 25 eurodiputados que integran esta comisión, dos eran españoles, el popular Esteban González Pons y el socialista Ibán García del Blanco, lo cual representaba un 8% de presencia española, que casi se correspondía al peso del Estado espanyol en el conjunto de la Cámara. En aquel momento, la comisión en que tenían más peso los representantes españoles era la de derechos de la mujer, con 5 de los 35 miembros (un 14,2%), y la que menos, la de presupuestos, con un solo representante de 41 (2,4%).

Dieciséis meses más tarde -durante los cuales se ha confirmado el aterrizaje de Puigdemont y Comín a la Eurocámara el mes de enero, y posteriormente la llegada de Ponsatí así como la activación del suplicatorio del Supremo-, la presencia de los eurodiputados españoles en la comisión de asuntos jurídicos se ha más que doblado.

Actualmente, 5 de los 25 miembros de la comisión, es decir, un 20%, son españoles -uno de Cs, que tiene además la presidencia, y dos de PP y PSOE-, lo cual la ha convertido en la comisión con más presencia española y desborda con creces el 8% que correspondería a España. Además, 3 de los diputados suplentes, son también españoles de Vox, Ciudadanos y PSOE. Este cambio se ha visto favorecido por la marcha de los eurodiputados británicos a raíz del Brexit, lo cual ha permitido el eurodiputado naranja Adrián Vázquez de Cs acceder a la presidencia en sustitución de la británica Lucy Nethsingha.

Esta desproporción estaría "viciando" la actuación en este procedimiento, en opinión de Junts, que recuerdan que esta comisión se caracteriza por actuar como un "órgano imparcial, que no resuelve con criterios de ideología o nacional de los afectados".

Ponente del grupo de Vox

No sólo eso. Junts advierte que la figura del ponente, que se distribuye por turnos, ha recaído en el Grupo Conservador y Reformista Europeo, en el que está encuadrado Vox, un partido personado como acusación en la causa contra los eurodiputados. En opinión de los independentistas, dado que las normas de la comisión fijan que el relator no puede ser ni del mismo Estado ni del mismo grupo que los eurodiputados examinados, tampoco se tendría que admitir que formara parte del mismo grupo que se ha personado en la causa por la cual se pide el levantamiento de la inmunidad. Esta circunstancia consideran que puede cuestionar su neutralidad.

Junts también cuestiona el hecho de que los tres casos queden en manos de un solo ponente, por considerar que cada uno tendría que tener un responsable. Recuerdan que, el artículo 6 del Principios en materia de expedientes de inmunidad con que se rige la JURI establece que "la comisión designará a un ponente para cada expediente de inmunidad".

Ponente polémico

El eurodiputado del Grupo Conservador y Reformista en quien ha recaído la responsabilidad de ponente es Angel Dzhambazki, ultraconservador y ultranacionalista, que ha provocado protestas en el Parlamento Europeo por sus intervenciones contra los gitanos, contra el matrimonio del mismo sexo o contra el colectivo LGTBI.

El noviembre pasado se posicionó en el plenario de la Eurocámara en contra de la convención de Estambul de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres. Atribuyó la convención a "propaganda de género que destruye comunidades y las familias tradicionales en los países de Europa Oriental".

Fumus persecutionis

El reglamento de funcionamiento de la Comisión de Asuntos Políticos fija límites al suplicatorio y deja claro que la comisión no podrá suspender la inmunidad de un diputado si la intención subyacente en el procedimiento judicial es "perjudicar la actividad política del diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución (fumus persecutionis)".

Este será uno de los fundamentos en que se ampararán Puigdemont, Comín y Ponsatí. Argumentarán que "es evidente que si fueran extraditados no tendrían un juicio justo"; que el Supremo no es el tribunal competente para juzgarlos, con lo cual se vulnera su derecho al juez natural y a la doble instancia; que el Supremo ha mostrado un sesgo ideológico decidiendo de manera "arbitraria" qué políticos independentistas eran procesados; que los consellers que abandonaron la política fueron puestos en libertad en marzo de los 2018 mientras el resto siguieron encarcelados, y que este sesgo se ha hecho evidente también con las condenas y el rechazo a los beneficios penitenciarios de los condenados.

También denunciarán que la fiscalía ha defendido la "reeducación política" de los presos y que este ha sido el motivo para rechazar los permisos penitenciarios; que VOX ha sido instigador del proceso penal y que sistemáticamente han pedido las penas de prisión más altas; argumentarán falta de neutralidad de la Junta Electoral Central y que el Tribunal Constitucional ha tenido un papel clave en la judicialización y retrasa sistemáticamente los recursos para detener las apelaciones y garantizar que el caso no llegara al TEDH antes de acabar el juicio.

Defectos de procedimiento

Asimismo, los eurodiputados esgrimirán defectos de procedimiento, entre los cuales, que el Tribunal Supremo no es competente; y que no reconoce la inmunidad europea, como demuestra el hecho de que se mantengan la orden de prisión contra ellos en territorio español aunque disponen de libertad de movimientos al resto de países. De hecho, advertirán que en caso de que se acabe ejecutando la orden europea de arresto se les someterá a prisión preventiva.

Los eurodiputados insistirán en que las acusaciones no están bien fundamentadas, que el delito de sedición es uno anomalía en Europa, que no existe en muchos estados miembros; expondrán las resoluciones de los tribunales europeos que ya se pronunció en contra, y las resoluciones de Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Asimismo, destacarán la voluntad expresada por el propio Gobierno de reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición.

Procedimiento a puerta cerrada

El procedimiento empezará el lunes con la presentación del caso por parte del ponente. Los expedientes de inmunidades se tramitan de manera confidencial y a puerta cerrada. Solo pueden estar presentes, según el reglamento, los miembros de la comisión y los suplentes. En esta ocasión se hará por vía telemática, lo cual ha provocado también las protestas de Junts. Todo el procedimiento requerirá cuatro fases y la duración prevista es de cuatro meses como mínimo y, por lo tanto, no se prevé que acabe antes del mes de febrero.

Los diputados afectados tendrán derecho a ser escuchados en una audiencia, a principios de diciembre. Dispondrán de una intervención de un máximo de quince minutos, después de los cuales tendrán que responder las preguntas de los diputados. Pueden comparecer acompañados de su abogado, que no puede intervenir, pero sí asesorarles. Solo se prevé una audiencia, pero en casos "excepcionalmente complejos" el ponente puede proponer a la comisión hacer una segunda.

Posteriormente, el ponente tendrá que redactar un borrador de sus conclusiones y estas se tendrán que debatir en la comisión. El último paso será la votación final con la decisión de levantar o no la inmunidad.

Recurso al TJUE

Antes de empezar el procedimiento, Junts ha dejado claro que si la Comisión de Asuntos Legales no atiende a sus argumentos recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En caso de que finalmente, se acepte el suplicatorio y se levante la inmunidad de los tres eurodiputados, eso no afectará a su trabajo en el Parlamento, pero sí permitirá al juez Pablo Llarena volver a emitir las euroórdenes. Y el proceso se volvería a poner en marcha. De nuevo, serían los jueces correspondientes, como ya pasó a Schleswing-Holstein, Bruselas o Escocia los que tendrían que pronunciarse sobre la extradición.

En la imagen principal, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, en el Parlamento Europeo / ACN

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