El Comité de Asuntos Jurídicos ha aprobado levantar la inmunidad de Clara Ponsatí con un informe en que se atribuye a la eurodiputada un delito por el cual no está investigada. La euroorden del juez instructor, Pablo Llarena, vincula a la exconsellera de Ensenyament a un delito de sedición, pero el informe de la Eurocámara le atribuye también uno de malversación de caudales públicos que el juez no contempla.

El levantamiento de la inmunidad se aprobó ayer en el Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, junto con los suplicatorios de Carles Puigdemont y Toni Comín, y está previsto que se someta a votación en el pleno del Parlamento de la semana del 8 de marzo.

Malversación

El informe elaborado por el eurodiputado ultra búlgaro Angel Dzahambazki, señala que se ha pedido el suplicatorio de Clara Ponsatí por las acusaciones de "un delito de sedición, según los artículos 544 y 545 del Código Penal español, y un delito de malversación de fondos públicos, previsto en el artículo 432 del Código Penal en relación con el artículo 252 del mismo texto". A partir de aquí, y después de desplegar su argumentario, el texto concluye que se acepta suspender la inmunidad de la eurodiputada para que sea juzgada y pide que así se comunique a las autoridades españolas y a la interesada.

 

Pero lo cierto es que Ponsatí está investigada sólo por el delito de sedición. En un primer momento, la exconsellera sí estuvo investigada por este de malversación, pero después de que en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo no se pudo acreditar el coste de la utilización de los centros escolares durante el referéndum del 1-O, este delito fue descartado en la euroorden emitida por Llarena en noviembre del 2019.

En cambio, Carles Puigdemont y Toni Comín sí están investigados, al igual que también lo estaba Lluís Puig, por los delitos de malversación de caudales públicos.

Un solo ponente

No obstante, a pesar de que la documentación enviada por el Supremo no contempla el delito de malversación para Ponsatí, aunque el suplicatorio se debatió en comisión, y que comparecieron los tres eurodiputados para defenderse, y después de un mes para la elaboración del informe, el texto de Dzhambazki atribuye a los tres eurodiputados los mismos delitos.

La explicación del sorprendente error podría situarse en el hecho de que el eurodiputado búlgaro se ha tenido que encargar de elaborar los informes de los tres casos. De hecho, este ha sido uno de los puntos que han provocado las protestas de los eurodiputados de Junts, que argumentaron que cada uno de los casos tendría que tener su propio ponente.

El informe, tal como avanzó la semana pasada el diario ABC, argumenta que la petición del suplicatorio obedece a hechos anteriores a la adquisición por parte de Ponsatí de la condición de eurodiputada, a partir de febrero del 2020.

 

En la imagen principal, Clara Ponsatí junto a Carles Puigdemont i Toni Comín, esta mañana en la Eurocámara / Efe

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