La Seu d'Urgell se ha convertido en el municipio más afectado por la medida adoptada por el Gobierno andorrano de expulsar a cerca de 200 ciudadanos colombianos y 51 familias argentinas con hijos menores, a raíz de no cumplir los requisitos exigidos para el reagrupamiento familiar. La corta distancia entre la capital del Alt Urgell y Andorra, sumada a una normativa española más flexible con respecto al reagrupamiento, ha hecho que muchos de estos migrantes sudamericanos opten por establecerse en la zona.
Ya a finales del mes de mayo, la presidenta de Colombianos en Andorra advirtió sobre esta expulsión y ya adelantó que tendría lugar a final de curso, para facilitar que los niños pudieran acabar el curso escolar en el Principado. Una vez la persona es expulsada, no puede obtener el permiso de residencia en un periodo de cinco años y encuentra en España la solución más viable, ya que se trata de un país "más permisivo", explicaba Katherine Barbosa, que añadía que "Colombia es la última opción".
La principal afectada
La Seu d'Urgell es la principal afectada por la decisión del gobierno andorrano. La ciudad tiene ahora 13.320 habitantes censados y han aumentado los provenientes de Colombia, Perú y Argentina más en un 50%. Este hecho ha provocado que la población extranjera ya supere el 20% por primera vez en la historia. El alcalde, Joan Barrera, ha advertido en más de una ocasión de la problemática que suponía esta situación. Para Barrera, existe el riesgo de que la capital del Alt Urgell se convierta en una ciudad dormitorio con ciudadanos que trabajarían fuera de la comarca y solo vayan a pernoctar. En declaraciones en Ràdio Seu, el alcalde ha apuntado que "la llegada de tantas personas recién llegadas repercute negativamente en los servicios", y que "no podemos ni queremos asumir este impacto social, teniendo en cuenta el esfuerzo que ya se hace en este ámbito".
El Govern, al corriente de la situación
El Ayuntamiento de la Seu mantiene una comunicación constante con el Govern de Andorra para hacer frente a esta situación urgente que, según afirman, al president de la Generalitat, Salvador Illa, ya planteó al jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot, durante la reunión que mantuvieron el mes pasado. Uno de los ámbitos más afectados por el incremento de población es la vivienda, con una subida de los precios de los pisos. También se ven impactados el sistema educativo, a causa de la incorporación de estudiantes con el curso escolar ya en marcha, así como los servicios básicos y las ayudas sociales.