Los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya han desestimado la posibilidad de suspender el protocolo de acoso mientras se procede a su revisión y modificación. De hecho, los letrados aconsejan en el informe, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, que se mantenga vigente mientras se insta a los grupos parlamentarios a hacer una reforma "urgente" del reglamento de la cámara para incorporar el régimen sancionador que contempla el informe. Esta recomendación la hacen porque detectan problemas de seguridad jurídica y de constitucionalidad en esta normativa, aprobada en diciembre de 2021 con la presidencia de Laura Borràs.
El informe había sido encargado por la presidenta del Parlament, Anna Erra, planteamiento que compartieron el resto de grupos, ya que todos comparten que habría que revisar este protocolo. Con este objetivo para buscar la opinión de los letrados, estos también se pronuncian sobre uno de los escenarios, que sería suspender el protocolo mientras se hace la revisión, vía que los servicios jurídicos desaconsejan porque la ley estatal de violencia machista obliga a las administraciones e instituciones públicas a dotarse de mecanismos que trabajen para la prevención de estas violencias. Si se suspendiera, se podría correr el riesgo, dicen los letrados, que incumplan esta ley. Este encargo se hacía a consecuencia de la detección de algunas "carencias" en el protocolo, como la "ruptura de la confidencialidad" con la difusión de las denuncias que presentaron tanto Cristina Casol como Aurora Madaula contra su grupo parlamentario por acoso por razón de género. Será el grupo de equidad de género del Parlament quien adopte decisiones al respecto sobre la revisión del protocolo y, posteriormente, lo trasladará al órgano rector del Parlament para que lo valide.
Problemas con el régimen sancionador
Los servicios jurídicos también son muy claros a la hora de señalar que el régimen sancionador que se contempla en este protocolo tiene que tener rango de ley, de manera que se tendría que incorporar estas sanciones al reglamento de la cámara. Tal como está el protocolo actualmente, los letrados consideran que puede contravenir los artículos 23.2 y 25.1 de la Constitución española, hecho que podría comprometer su aplicabilidad. El informe aconseja incorporar estas sanciones por acoso al reglamento del Parlament en el régimen disciplinario, o bien hacer que el protocolo sea un anexo del reglamento. De hecho, piden hacerlo pronto por la "inseguridad jurídica" en la que actualmente se encuentra el protocolo. En más, los letrados cuestionan que este texto implica que las sanciones afectan directamente al grupo parlamentario con la reducción de la subvención que perciben y que solo tienen margen para dar de baja al diputado que pueda ser responsable de una conducta de acoso.
Sobre los problemas de confidencialidad que se habían detectado, los servicios jurídicos coinciden en este punto y alertan de problemas en la "gestión del protocolo", así como de "lagunas normativas". Por todo ello, defienden que se limite el número de personas que participen en estos procedimientos y ponen encima de la mesa el "refuerzo" de las advertencias de confidencialidad para aquellos que formen parte de estos.
La Mesa se pronuncia para dar apoyo a Ruben Wagensberg sin el apoyo del PSC
Desde el mes de diciembre, la Mesa tiene dos miembros menos por baja médica: son Aurora Madaula (secretaria segunda) y Ruben Wagensberg (secretario cuarto). Wagensberg está investigado por el caso Tsunami y comunicó la semana pasada que se ha marchado a Suiza por "miedo a una detención arbitraria", hecho que le ha comportado problemas de salud mental con episodios de ansiedad. La Mesa ha hecho un pronunciamiento para trasladarle su apoyo|soporte. A su vez, fuentes del PSC no creen que tenga que ser la Mesa quien se tenga que pronunciar en estos casos, sino que lo tienen que hacer los grupos parlamentarios, sin que eso exima la "solidaridad personal" que quieren trasladar al republicano. El escrito, avalado por los partidos independentistas, traslada su "solidaridad y apoyo|soporte" al parlamentario de ERC ante las "graves e infundadas acusaciones de las cuales está siendo objeto por motivo de su militancia independentista y su defensa del derecho a la autodeterminación".
Sigue el texto expresando que "el Parlamento siempre ha sido|estado y está al lado de la libertad de expresión y contra la criminalización y persecución de las ideas democráticas, así como contra la represión de la defensa y promoción de estas ideas". "La Mesa del Parlamento manifiesta su compromiso con los derechos civiles y políticos que su secretario cuarto, Ruben Wagensberg, podría tener ahora amenazados y muestra el máximo respeto a la baja por|para problemas de salud mental que está sufriendo a causa de estas infundadas acusaciones judiciales", concluye.
La Mesa del Parlamento acuerda llevar|traer a la Fiscalía la incomparecencia de Omella
La reunión de la Mesa de este martes también ha servido para acordar que se traslade a la Fiscalía las dos incomparecencias del arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, en el marco de la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia. La presidenta de esta comisión, Susanna Segovia (comunes), ha hecho un escrito pidiendo a la Mesa hacer este trámite y así se ha aprobado. Esta vía está permitida por el artículo 68.3 del reglamento, que expone que "si la persona convocada desatiende, voluntariamente, el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlamento tiene que dar cuenta en el Ministerio Fiscal, a los efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder." Esta denuncia no solo se circunscribe al presidente de la Conferencia Episcopal Española, sino que también afecta a Enric Termes (vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense) y Santiago Bueno (presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona), que tampoco comparecieron.