El diario El País lo presentó el pasado lunes con mucha épica. "El Gobierno (español) se arriesgó, sin garantías de ganar, en su intento de parar la investidura de Carles Puigdemont", empezaba la crónica. "Se valoró que debía forzar todas las posibilidades, aunque fracasara, antes que asistir pasivamente a que Puigdemont resultara investido a distancia o por persona interpuesta", continuaba. "Con todos los temores a flor de piel, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, animado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decidió seguir adelante y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la investidura de Carles Puigdemont", remataba.

Esta crónica con pretensiones heroicas es, en realidad, el relato de una grave injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Apelando a "razones de Estado", y después del revés que supuso el dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno español decidió presionar directamente a los magistrados del Tribunal Constitucional para que tumbaran el debate de investidura de Carles Puigdemont antes incluso de celebrarse.

Así lo explica el mismo diario, aunque las fuentes dicen que no fueron presiones: "Antes de que los magistrados se reunieran hubo contactos entre miembros del Gobierno (español) y del Tribunal Constitucional. Los ministros, y el mismo Rajoy, en primera línea, según fuentes del Ejecutivo, transmitieron a los que tenían que tomar la decisión la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la cámara catalana".

Y lo que acabaron decidiendo los magistrados del TC, después de serles transmitida la "preocupación" de la Moncloa, fue todo un juego de equilibrios. Solo tenía que decidir si admitir a trámite o no el recurso, y no hizo ni una cosa ni la otra, sino que lo pospuso. Y decretó unas medidas cautelares inéditas que, en la práctica, sin ni siquiera admitir a trámite el recurso, suspendían el debate de investidura del candidato Carles Puigdemont.

Quizás es la más evidente, pero esta no es la única interferencia en la separación de poderes. En un proceso como el catalán, que el Estado español quiere combatir a través de los tribunales de justicia, hay muchos más ejemplos en que los políticos -y determinados diarios- condenan y los jueces ejecutan.

Inhabilitados antes de tiempo

Este jueves, en una entrevista en Antena 3, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, daba por hecho que la "cúpula" del procés sería inhabilitada a finales de marzo, cuando el juez del Supremo Pablo Llarena acabe la instrucción del caso por sedición y rebelión. "Más allá de lo que diga la sentencia a final de otoño, puede haber una inhabilitación desde muy pronto. Por lo tanto, a todas a estas personas las saca de la representación pública y las inhabilita".

Es lo que habían adelantado algunos diarios, como El Independiente o El País, que explicaban que los líderes independentistas, tanto los encarcelados como los exiliados, podrían ser inhabilitados en marzo, cuando acabe la instrucción. Es un supuesto contemplado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal -conocido como artículo Yoldi por el preso etarra Juan Carlos Yoldi Múgica-, que permite inhabilitar antes de sentencia firme a quines ocupan cargos públicos, siempre y cuando se haya dictado un auto de procesamiento, el investigado se encuentre en prisión provisional (o haya una orden de prisión) e incurra en los delitos de terrorismo, pertenencia a banda criminal o rebelión.

Catalá ya lo da por hecho, aunque la decisión tendría que recaer en el juez Pablo Llarena y no en el ministro de Justicia. Incluso Ciutadans le pidió prudencia a Catalá por sus palabras. La misma poca prudencia que mostró el pasado jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que descartaba "absolutamente" indultos, sin que siquiera haya una sentencia condenatoria firme.

Es la misma actitud que, en un exceso de euforia, llevó a la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría a vanagloriarse en plena campaña electoral de que Rajoy había hecho que "hoy ERC, JuntsxCat y el resto de independentistas no tengan líderes porque están descabezados". Quienes enviaron a los Jordis, el vicepresident Oriol Junqueras y el resto de consellers a prisión fueron los jueces Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, y Pablo Llarena, del Tribunal Supremo.

fiscal general estado jose manuel maza efe

El brazo fiscal

En esta ofensiva judicial del Estado contra el procés, la Fiscalía ha desempeñado un papel fundamental. El Ministerio Público ha parecido, en muchas ocasiones, un ministerio más de la Moncloa, los mismos abogados del Estado. Pidió la prisión cautelar sin fianza para todos los consellers y para Carme Forcadell, y fue el que, durante el viaje de Carles Puigdemont a Dinamarca, intentó -finalmente en vano- reactivar la euroorden de detención. También batalló para que la causa se mantuviera en la Audiencia Nacional con Carmen Lamela, a priori más dura que Pablo Llarena, y que no se unificara en el Tribunal Supremo.

Especialmente controvertida fue la trayectoria del anterior fiscal general del Estado, el difunto José Manuel Maza, que atribuía delitos incluso antes de que se cometieran. Antes del referéndum del 1 de octubre, concretamente medio año antes, en una entrevista en El Mundo, avisaba de que los líderes independentistas podrían ser acusados de sedición. La semana previa a la votación también añadía el delito de rebelión. La profecía de Maza se cumplió. Y el Govern en pleno -excepto los exiliados- pasó por la cárcel.

El cuarto poder

Hay, sin embargo, un último gran actor: el cuarto poder, la prensa. Algunas cabeceras, las más influyentes del Estado, han tenido un papel clave al crear un determinado relato desde sus portadas y al señalar con el dedo el camino desde sus editoriales. Uno de los casos más reveladores seguramente es el de las concentraciones del 20 de septiembre por los registros y detenciones de la Guardia Civil, y el posterior encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Durante tres días seguidos, del 21 al 23 de septiembre, El Mundo dedicó su portada a estas protestas pacíficas, que acabaron sin ningún incidente y con la Guardia Civil pudiendo hacer su trabajo, vendiendo un relato alternativo de los hechos ante el Departament d'Economia. "El separatismo intenta desbordar al Estado tras quedar neutralizado el 1-O", titulaba el jueves 21. "Los Mossos ceden al separatismo la calle para acosar a los jueces", aseguraba el viernes 22, y abría con una fotografía de Carme Forcadell. "El brazo callejero de Puigdemont desafía la denuncia por sedición", remataba el viernes 23. El mismo diario, al día siguiente del paro general del 3-O, publicaba un editorial señalando el camino: "Escuchen al Rey: restauren la ley en Catalunya".

También desde los digitales. Dos días antes de que Lamela enviara a los Jordis a Soto del Real, El Español publicaba un perfil de los líderes de las entidades soberanistas. "Los dos Jordis que agitan Catalunya: del robabanderas al hijo de la carnicera", se titulaba. Y así los describía en la entradilla: "Son los líderes de Òmnium Cultural y la ANC. Jordi Sànchez es un agitador social que apoyaba a Herri Batasuna y Terra Lliure y organizaba manifestaciones en los años 80. Jordi Cuixart, un empresario que busca emular a los patriarcas burgueses del independentismo. Los dos están imputados por sedición".

Al día siguiente, ya después de que los Jordis hubieran pasado la primera noche en la prisión, estas cabeceras se felicitaban por la decisión. "La dureza de esta medida puede generar contestación de sus organizaciones", aseguraba El País en un editorial. Y añadía como advertencia: "Pero al mismo tiempo recuerda que violar gravemente la ley no sale gratis en un Estado democrático".

El País también dejó portadas paradigmáticas, como la del sábado 30 de septiembre, víspera del referéndum. "La Generalitat lanza la población contra el Estado", advertía a cinco columnas. Las imágenes del día siguiente, con el Estado lanzándose con porras y pelotas de goma contra la población, mostraron una realidad sustancialmente diferente.