Era la reunión de invierno de parlamentarios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) en Viena y coincidía justamente con el día en el que Iñaki Urdangarin supo que, de momento, no tendría que ir a la prisión y, también, con el día en que Carme Forcadell y los otros tres miembros de la Mesa del Parlament de JxSí recibían la querella por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación porque la Cámara aprobó la resolución para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

De repente, y sin que estuviera previsto, la senadora de ERC Laura Castel, que formaba parte de la delegación española, salió a cargar contra la judicialización de la política ante la mirada de sorpresa de la diputada del PSC en el Congreso Meritxell Batet, Castel soltó que "el gobierno español no permite canalizar la voluntad de la mayoría de los catalanes de decidir democráticamente su futuro político en un referéndum acordado y legal" y recordó que "eso atenta contra los principios democráticos establecidos y aceptados por la OSCE.

Dando un repaso de las últimas intrusiones de la Justicia en la política, la senadora republicana quiso explicar y mostrar a la comunidad internacional que "la reacción de las instituciones españolas han sido la suspensión y posterior nulidad de esta consulta democrática por parte de un Tribunal Constitucional politizado".

Castel también quiso hacer pública, explicó, "la exigencia de responsabilidades penales de un gobierno escogido democráticamente que sólo cumplían el cometido electoral por el cual habían sido escogidos, incluida la exigencia de responsabilidades penales a la presidenta del Parlament y miembros de la Mesa para permitir debatir, repito, debatir, en sede parlamentaria la independencia de Catalunya violando las prerrogativas parlamentarias que toda democracia consolidada tendría que defender y proteger y complicando los derechos de libertad de opinión, de libertad de expresión y derecho a la representación política".

Para acabar, y ante la molestia que por algunos de los asistentes generó, también quiso dejar claro que "el gobierno español no permite canalizar la voluntad de la mayoría de catalanes, más de un 80%, de decidir democráticamente su futuro político mediante un referéndum acordado y legal actuando de manera reiterada en esta cuestión contra los propios principios democráticos establecidos y aceptados por la OSCE".