Ya son 11 las personas que tienen un expediente sancionador abierto por parte del Departament de Interior por desobediencia a la autoridad por haber participado en la concentración de recibimiento al president Carles Puigdemont, en su visita relámpago a Barcelona, el 8 de agosto de 2024. Interior, encabezado por la socialista Núria Parlon, ha comunicado esta cifra, al ser preguntado por ElNacional.cat. Recientemente, se supo que al menos había siete personas con sanciones de 1.000 euros por supuestamente haber desobedecido a agentes de los Mossos en la concentración en la puerta de la Ciutadella. Ahora ya son once, que sumarían 11.000 euros. La mayoría era gente mayor que quería apoyar al líder de Junts en el Parlament, durante la investigadora de Salvador Illa. Los concentrados no pudieron acceder y fueron rociados con gas pimienta por mossos, mientras que Puigdemont desapareció, después de su intervención en Arc de Triomf, y no fue detenido por el exagerado dispositivo de la policía catalana. Los Mossos seguían las órdenes del juez Pablo Llarena, que rechaza aplicar la amnistía a los exiliados.
Las entidades Assemblea Nacional Catalana (ANC), con 4 casos; Alerta Solidària, con uno, y el abogado Àlex Solà, con otra persona sancionada, han criticado abiertamente estas multas a la vez que han presentado recursos, de momento, por la vía administrativa. Alegan que la sanción no es justa y que está “prescrita” al haber pasado más de un año de los hechos. Uno de los sancionados, Jordi Torras, además de asegurar que no pagaría la multa, pidió apoyo al president Puigdemont en una carta, que todavía no ha tenido respuesta. En la concentración del parque de la Ciutadella hubo una veintena de personas identificadas.
Más de 38 millones de euros
Las sanciones administrativas se aplican sobre la base de la ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. El gobierno español del PSOE y Podemos todavía no ha podido derogar esta norma, a pesar de su compromiso para hacerlo. Esta ley se ha usado para intentar controlar todo tipo de disidencia, desde el movimiento independentista al colectivo contra los desahucios (PAH) y, recientemente, al Sindicato de Inquilinas. La mayoría de las multas impuestas son por la tenencia y consumo de drogas en la calle.
La Generalitat ha recaudado al menos 38 millones de euros a través de 151.943 multas interpuestas por los Mossos d’Esquadra desde que entró en vigor en julio de 2015 hasta septiembre de 2022, según una información obtenida por este diario a través del Portal de Transparencia de la Generalitat. Las siguientes memorias del Departament d’Interior esconden estas cifras, mientras se detalla que hubo 521.327 hechos considerados delictivos por los Mossos en 2024, la mayoría delitos contra el patrimonio.
Cambio de criterio
Desde las entidades, se expone que en febrero de 2022 el entonces conseller de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, anunció un cambio de criterio en la aplicación de la ley mordaza, más respetuosa con el derecho de manifestación y siguiendo las últimas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Criterio —aseguran— que ahora ha roto la Dirección General de la Policía, dirigida por Josep Lluís Trapero. Sin embargo, no hay cifras para compararlo. Junts pidió la comparecencia de la consellera Parlon en el Parlament para que dé explicaciones sobre estas sanciones a los manifestantes a favor de Puigdemont. Por ahora, no hay fecha.