"La mejor manera de escapar de tu problema es resolverlo"
Robert Anthony
No nos andemos por las ramas: la decisión conjunta de colaborar con la justicia del testaferro de Zapatero y de los responsables de la aerolínea Plus Ultra destroza la estrategia de defensa del expresidente del Gobierno, deja en evidencia política al PSOE por su cierre de filas con él y pone en el punto de mira directamente al Consejo de Ministros y a su presidente, Pedro Sánchez, que, con estos testimonios, quedan señalados por el denunciado tráfico de influencias de ZP, su aliado y referente moral. Saber qué pasó con la entrega de 53 millones a Plus Ultra —de los que Zapatero se habría llevado 527.417 € (el 1%) por conseguir su aprobación— es decisivo para entender lo que se juega en esta causa.
Los famosos poderes fácticos residenciados dentro de la M-30 son muy citados incluso por los que no se han podido rozar nunca con ellos, pero lo cierto es que muchas veces llevan razón. Desde la concesión de la ayuda a Plus Ultra, el runrún de empresarios del sector y de las capas de enterados madrileñas es constante. Todos ellos conocían de sobra a Julio Martínez Sola, el hombre que ya había quebrado Air Madrid, la aerolínea que suspendió de forma repentina sus operaciones el 15 de diciembre de 2006, dejando en tierra a unos 420.000 pasajeros, muchos de ellos en rutas con Latinoamérica. El Ministerio de Fomento tuvo que organizar un dispositivo de emergencia para repatriar viajeros y facilitar vuelos alternativos y él se libró en aquel entonces del proceso penal, ya que Marlaska archivó la causa para él. Aun así, no parecía muy confiable que en 2011 volviera al sector con Plus Ultra, con una estructura de negocio muy parecida, así que todas las alarmas del mundo empresarial saltaron cuando recibió 53 millones de dinero público para una empresa que ya tenía la solvencia muy comprometida.
Justo antes de la segunda entrega del préstamo (34 millones), y como las dudas ya estaban judicializadas, una magistrada suspendió esa salida de dinero público. Sobre la mesa, evitar la consumación de una posible malversación y un perjuicio patrimonial para las arcas públicas. Curiosamente, fueron los representantes públicos, con dependencia real o soterrada del Gobierno, los que se apresuraron a pedir que el dinero se entregara, y lo lograron cuando la magistrada titular estaba de vacaciones. La actuación de las dos fiscales implicadas en esa entrega está siendo analizada por Anticorrupción. Ciertamente, comienzan las sospechas sobre el interés del Gobierno en que se entregara este dinero.
Todo viene a confirmar las sospechas de que el Gobierno aprobó la ayuda por las gestiones de Zapatero —que se lucró de ellas—, lo que apuntaría al delito de tráfico de influencias, que llegaría hasta el propio Consejo de Ministros
Reabierto el caso por fiscalías extranjeras, que observaron un extraño flujo de dinero de Plus Ultra, y que pusieron el foco en que el dinero del rescate acabó en cuentas de Reino Unido, Suiza, Montenegro, Mauricio, Puerto Rico y Gibraltar, el caso llega a la Audiencia Nacional. Los directivos de Plus Ultra imputados intentaron explicar el lunes en su escrito al juez Calama la licitud de esos movimientos. Habrá que verlo. Digamos que se autoimplican en la mordida y el tráfico de influencias, pero rechazan el blanqueo.
La confesión del resto de imputados desarma la línea de defensa de Zapatero, ya que no solo aporta por otra vía los datos que este cuestionaba por proceder de un teléfono intervenido en Estados Unidos, sino que desarma todos sus argumentos sobre la consultoría por los que afirmaba haber recibido tales cantidades. Los directivos afirman haber recurrido al Grupo Zapatero precisamente por estar desesperados y convencidos de que era su última oportunidad de conseguir un dinero que, de otra forma, incluido el ICO, no les llegaría nunca. Todo viene a confirmar las sospechas de que el Gobierno aprobó la ayuda por las gestiones de Zapatero —que se lucró de ellas—, lo que apuntaría al delito de tráfico de influencias, que llegaría hasta el propio Consejo de Ministros, lo mismo que los indicios de que no se cumplían los presupuestos para darla, ya que Plus Ultra estaba en problemas mucho antes de que llegara la pandemia. Julito, en su declaración, no ha señalado a quién influenciaba Zapatero, pero las posibilidades de quién tuviera poder para mover todo lo necesario son pocas.
Si se hallan indicios suficientes de que falsearon o maquillaron requisitos legales, si, como sabemos, la decisión política se tomó antes que la técnica —ya que la trama confirmó en febrero que se concedería, cuando el informe favorable de la FASEE no llegó hasta marzo—, si el impulso no fue la necesidad o la licitud, sino la influencia de Zapatero sobre parte de los ministros o el propio presidente, por la que habría cobrado, entonces la puerta para los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos del Gobierno de forma colegiada quedaría abierta. De facto, se ha presentado ya una querella ante la Sala Segunda contra todas las personas que integraban ese Consejo por parte de una de las acusaciones populares —Iustitia Europa— que apunta en esa dirección, aunque, en mi opinión, es prematura. Serán los jueces que instruyen las diversas causas (Plus Ultra, financiación ilegal, cloaca Leire, etc.) los que deberán elevar, en su caso, exposiciones motivadas al Supremo, si sus investigaciones acaban arrojando indicios que apunten a Sánchez.
Mientras, la dirección del PSOE asegura que siguen creyendo en la inocencia de Zapatero. Creer es un mero acto de fe y, en este caso, un intento de supervivencia.