Junts per Catalunya ha pedido la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para que den explicaciones con relación a las multas y expedientes sancionadores iniciados contra los manifestantes en el día del retorno del president en el exilio, Carles Puigdemont. En un comunicado, el grupo parlamentario encabezado por Mònica Sales considera que los manifestantes ejercían su "derecho de manifestación" en la concentración del pasado 8 de agosto de 2024, día de la investidura del president Illa, en la confluencia del paseo de Lluís Companys y el paseo de Pujades.
Aunque entonces el conseller de Interior era Joan Ignasi Elena y el director general de los Mossos era Pere Ferrer, los juntaires piden explicaciones a los dos máximos responsables de la policía catalana para saber los motivos de los expedientes. Los juntaires consideran "especialmente grave que se pueda tener que sancionar a personas por el ejercicio de un derecho democrático". "Reclamamos desde el Govern que aclare los criterios utilizados para iniciar estos expedientes, así como el número de personas afectadas y la naturaleza de las posibles sanciones", piden los juntaires, que apuntan que hay más de una multa de esta naturaleza.
El expediente de 1.000 euros
Junto con la nota de prensa, el grupo parlamentario encabezado por Mònica Sales ha adjuntado una multa de hasta 1.000 euros por "participar en una colección consistente en desobedecer las órdenes de los agentes hasta romper en forma de estampida la línea policial, ignorando o menospreciando las previsibles consecuencias que esto tendría". El expediente relata que la señora expedientada accedió con fuerza al recinto del Parlament, desobedeciendo a los agentes y poniendo en grave peligro la propia integridad física y la de los agentes, los cuales, aseguran, tuvieron que utilizar de forma específica las defensas policiales y el gas lacrimógeno para impedir que la gente que había roto la línea policial avanzara hacia el Parlament.
El expediente subraya que la línea policial estaba protegiendo "la seguridad de las personas que ejercían sus derechos en los alrededores del parque de la Ciutadella", la seguridad de los diputados que participaban en el pleno de investidura de Illa, y la normalidad institucional en el Parlament. Según relata el expediente, había 2.500 manifestantes en el paseo Lluís Companys y, una vez que Puigdemont se escabulló, un grupo de 1.000 personas se dirigió hacia el acceso número seis de la calle Pujades. Cuando la línea policial dejó entrar al grueso de manifestantes acreditados, algunos de ellos "aprovecharon para intentar traspasar la línea policial". "Cabe subrayar que se utilizó la fuerza física porque el grueso de manifestantes presionó la línea policial con el objetivo de romperla", relata el expediente, que apunta que un manifestante simuló encontrarse indispuesto y que algunos manifestantes se aprovecharon.