“Somos el pueblo catalán y os necesitamos”. Es la petición de ayuda al president en el exilio, Carles Puigdemont, que le ha hecho llegar este viernes Jordi Torras, uno de los activistas multados con 1.000 euros por el Departament de Interior por supuestamente desobedecer a los Mossos d’Esquadra en el recibimiento al president, el 8 de agosto de 2024. “Se ha acabado el silencio y el tener miedo”, ha declarado Torras, de 73 años, a ElNacional.cat ,que exige que se archive esta sanción por la ley mordaza. Interior ha comunicado ahora a Torras y al menos a otras seis personas más que les impone esta multa. La mayoría son personas mayores, a las cuales los mossos rociaron con gas pimienta para que no accedieran al parque de la Ciutadella, donde tampoco entró el líder de Junts para evitar su detención y volvió a Waterloo.
El abogado de Jordi Torras, Àlex Solà, ha manifestado a este diario que esta multa “no está justificada” y además podría estar “prescrita”, y ahora estudia presentar las alegaciones. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) lleva el caso de otros cuatro manifestantes multados (la última comunicada este viernes), y la formación Alerta Solidària, el de una manifestante. ElNacional.cat ha preguntado al Departament de Interior cuántas sanciones, y su valor económico, ha impuesto por la concentración de 2024 en la Ciutadella, y todavía no ha respondido.
Derecho de manifestación no respetado
“Ahora, el Departament de Interior sanciona por cualquier manifestación, como la visita del rey en Sant Martí. No se respeta el derecho de manifestación, que se ejerce sin pedir permiso, solo comunicándolo; y lo justifica con el argumento genérico de desobediencia a los agentes”, ha denunciado Pep Cruanyes a este diario, y ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona también ha puesto una multa a la ANC.
El portavoz de Alerta Solidaria, Martí Majoral, también denuncia que el Departament de Interior, con las directrices del actual director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, “está aplicando una nueva política que contradice los mandatos del derecho de manifestación, con la cual se sanciona con multas elevadas toda disidencia, desde el movimiento independentista, al movimiento de la vivienda o al pro-Palestina”.
Carta a Puigdemont
La carta de Jordi Torras enviada por correo electrónico dice:
Muy Honorable Señor. Le hago saber que en Catalunya sigue habiendo represión y, lo que es más grave, es que es silenciosa. He asistido a todos los actos, manifestaciones, concentraciones por la defensa y la Independencia de Catalunya y de sus instituciones, y como no podía ser de otra manera estuve presente el día 8 de agosto de 2024 para recibirle y acompañarle al Parlament de Catalunya como President legítimo que es del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y todo aquello que de ello se deriva. Desde entonces han pasado casi dos años, y ahora he recibido la notificación de expediente sancionador que le envío adjunto. Obvio decir que el relato de los Mossos es falso. El abogado Àlex Solá se ha ofrecido a defenderme, y ha impulsado el recurso.
En este sentido, creo que Waterloo también debe estar informado. La represión está bien viva y los ciudadanos de Catalunya estamos sufriendo. El 155 perdura más allá de las destituciones, con prisión y exilio de los miembros del Gobierno legítimo de Catalunya, y el pueblo de Catalunya seguimos luchando… El pueblo catalán confiamos en que nos apoyaréis porque os necesitamos, de la misma manera que nos necesitáis a nosotros. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta. Gracias por vuestra atención.
Expedientes calcados
Los primeros expedientes sancionadores conocidos hasta ahora son calcados, tanto en el relato de los hechos, de calificarlos de “sanción grave”, la cantidad de la multa, como también del número del agente de la policía catalana que identificó a los manifestantes. En este caso, también se informa de que, si se abona de forma inmediata, la sanción se rebaja a la mitad: 500 euros.
El abogado Àlex Solà ha explicado que inicialmente los Mossos enviaron su atestado contra los manifestantes a los juzgados de Barcelona, y que la titular del juzgado de instrucción 28 de Barcelona, al considerar que no habían cometido ningún delito, archivó la investigación sin practicar ninguna diligencia. El razonamiento del penalista es que, si en la vía penal no se ha hecho ninguna instrucción, no se puede contar que haya interrumpido el plazo de prescripción de las sanciones administrativas, que prescriben pasado un año. Por lo tanto, las multas que ahora ha impuesto Interior no son válidas, puesto que ha pasado más de un año de los hechos.
No obstante, en el expediente, Interior hace constar que “en fecha 15 de mayo de 2025”, recibió la comunicación de la magistrada de Barcelona que cerraba las actuaciones penales, "dando testigo de las actuaciones por una posible sanción administrativa". Es decir, el Goven del PSC ha impuesto las multas fregando el límite legal.
El portavoz de Alerta Solidaria también ha declarado que las multas impuestas “están prescritas”, porque el juzgado solo analizó el caso de un manifestante, defendido por la formación y exculpado. "Es un escándalo, la mayoría eran personas jubiladas, que fueron rociadas con gas pimienta", ha remachado Majoral.
En este sentido, se recuerda el precedente de los agentes de Bomberos de la Generalitat que participaron en la protección de los centros de votación del 1-O. Cuando se cerró la causa penal contra ellos, sin ninguna acusación, el Govern dejó prescribir la sanción administrativa que los podría haber impuesto por ir vestidos con el uniforme en aquella concentración.