Optimismo. El Pacto contra la segregación escolar celebra este año su quinto aniversario de aplicación, y lo hace con la confianza de poder seguir revirtiendo una de las principales lacras que afectan duramente el sistema educativo catalán. El acuerdo, que fue firmado en marzo de 2019 con un impresionante consenso político y social —contó con la implicación de todos los agentes de la comunidad educativa, desde los docentes, los sindicatos y las patronales hasta la Generalitat, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios— ha tenido reuniones de seguimiento constantes. Este miércoles se ha celebrado la octava, en el Parlament de Catalunya y con la participación de todos los actores. Antes, sin embargo, tres voces han querido explicar los resultados que ha registrado el Pacto en este tiempo: la consellera de Educación, Anna Simó; la presidenta de la cámara, Anna Erra; y la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas. Esta última es precisamente la institución que promovió el amplio acuerdo.

Y ha sido la misma síndica quien ha explicado que el Pacto ha permitido, a través de la aplicación de las medidas acordadas en los últimos cinco años, reducir en más del 20% los niveles de segregación escolar globales del sistema educativo catalán, y más del 35% en términos intramunicipales. "Vamos por buen camino", ha asegurado Giménez-Salinas, a continuación. Eso sí, sin evitar destacar la necesidad de ampliar el alcance de esta estrategia para combatir también la segregación que se da dentro de los mismos centros.

Durante el encuentro, la sindicatura de Greuges también ha presentado un extenso informe sobre esta problemática en que ha señalado otros puntos de preocupación. El documento pone el foco en el hecho de que la segregación escolar se articula fuertemente sobre la base del racismo estructural, aunque "duela decirlo así de claro". De hecho, en Catalunya la llegada de población extranjera explica aproximadamente la mitad del incremento de los alumnos desde el año 2000, hasta el punto que ahora representan el 19% de la totalidad. Y las medidas implementadas hasta la actualidad todavía no han permitido cambiar la guetización de los 250 centros catalanes con una concentración más elevada de alumnos en situación socioeconómica adversa. Ahora bien, la lucha contra el racismo también tiene que ir acompañada del reconocimiento de la desigualdad de oportunidades y de resultados que existe. "Porque si la escuela no funciona como ascensor social, todos los esfuerzos que hacemos no servirán de nada", ha lamentado la síndica.

Simó y Erra apuestan por seguir trabajando

Por su parte, Anna Simó se ha estrenado como consellera en estas reuniones de seguimiento del Pacto, remarcando la voluntad de su equipo y de su Departamento para "mantener el compromiso" adquirido ahora hace cinco años. "Hay que hacer un trabajo continuo, sostenido, exigente y autoexigente a lo largo del tiempo", ha subrayado. La consellera ha declarado que, para ella, la escuela es el servicio público más esencial, cosa que se ha hecho evidente en las situaciones extremas, como fue la época de la covid. "Tenemos más alumnos en situación de vulnerabilidad que antes de la pandemia, y los que ya lo eran ahora lo son todavía más", ha lamentado. Para hacer frente, ha explicado la intención de la Generalitat de destinar los recursos necesarios.

Finalmente, en la apertura de la reunión también se ha pronunciado Anna Erra, quien casualmente firmó el Pacto en 2019 como alcaldesa de Vic y tiene experiencia profesional como docente. En su breve discurso, ha optado por señalar la necesidad de evitar que la incorporación de un alumnado diverso al sistema lleve a una sociedad "fragmentada, desigual y distante" entre comunidades y barrios. "Catalunya tiene que seguir siendo un solo pueblo", ha defendido, argumentando que la escuela tiene que ser un baluarte imprescindible en el objetivo de país de formar una nueva generación crítica y proteger la lengua catalana.