La acusación que hizo a un testigo policial protegido contra el expresident Jordi Pujol, y que también quería implicar al abogado Gonzalo Boye, se está deshaciendo. La policía judicial ahora ve contradicciones en la versión del testigo andorrano, que está encarcelado en Brians 2 por estafa, y ha dejado de investigar esta pieza separada, según informa Vozpópuli.

"Ante la imposibilidad de comprobar la veracidad de las manifestaciones vertidas (...) y las continuas contradicciones", los agentes han dado por "finalizadas las diligencias indagatorias en relación con esta pieza separada", indica.

Esta semana el mismo medio difundió de que el testigo protegido había declarado que la familia Pujol escondía 100 millones en Nueva Zelanda, e intentaba implicar al abogado Gonzalo Boye diciendo que tenía una firma mancomunada en la cuenta neozelandesa donde estaría esta fortuna oculta de los Pujol. La policía ahora no se lo cree después de lo que ha investigado.

El 12 de diciembre del 2019 el titular de juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, recibió en sede judicial al recluso de centro penitenciario Brians-II IPS, que presumió ante el juez de ser una persona de la más estrecha confianza de la familia Pujol. Durante la hora que duró la declaración, detalló presuntos movimientos bancarios, y de cajas de seguridad en Portugal y Suiza, así como cuentas bancarias en Nueva Zelanda y en países de América.

Según consta en la documentación citada por Vozpópuli, los agentes han argumentado que no han podido comprobar parte de las afirmaciones realizadas por IPS. Han reconocido que tres diligencias practicadas en Catalunya y en Francia -en colaboración con las autoridades francesas- no han dado su fruto. El recluso acompañó a los funcionarios policiales a tres inmuebles donde decía que había "documentación comprometida" de la familia Pujol, pero nadie sabía quién era. "Ante la falta de correspondencia de lo que ha referido el testigo en anteriores ocasiones, y después de afirmar que era muy conocido por los empleados y responsables del establecimiento, se suscitan dudas sobre la realidad de la versión manifestada", señalan textualmente los agentes. Según recoge el informe, la titular de uno de los inmuebles ha asegurado a las autoridades que "en el mismo no hay ningún tipo de documentación o efecto de pertenencia de esta persona", en referencia al testigo.

Según Vozpópuli, IPS proporcionó también tres supuestas carpetas con las iniciales JPF, que corresponderían presuntamente a Jordi Pujol Ferrusola, pero no ha permitido comprobar su contenido, y finalmente no ha querido colaborar más con la policía.

IPS ha ingresado dos veces en la cárcel en Catalunya acusado de estafa, la primera en 1993, y una segunda en marzo del 2019, y cuenta con un total de 7 condenas.