La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha comparecido de inmediato en la Moncloa después de que el Parlament hubiera aceptado debatir la ley de referéndum, donde ha elevado el tono a medida que exponía las medidas coercitivas que el Ejecutivo ha tomado al respecto. "Es una patada a la democracia, a los catalanes y a la decencia política", ha denunciado Santamaría manifiestamente molesta. Esta ha asegurado que la cámara catalana actuaba como un "régimen dictatorial" y ha denunciado que durante el mandato de su presidenta, Carme Forcadell, "había muerto la democracia".

Como explicaba este diario, las medidas previstas pasan por un incidente de ejecución de sentencia donde se pide la suspensión de todos los actos del Parlament: admisión a trámite por parte de la Mesa (1), no obediencia de la advertencia de los grupos unionistas (2) y la modificación del orden del día (3). También se pide "deducción de testimonio de particulares a todas las personas que pudieran haber participado de estas actuaciones" –dejando discrecionalidad al tribunal– y nominativamente, responsabilidad penal a Forcadell, y otros miembros de la mesa de Junts pel Sí y CSQP, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Guinó.

Según fuentes de vicepresidencia, la deducción de testimonio de particulares implica que a las personalidades mencionadas se les abra la vía penal y sean llamadas por la Fiscalía. Ha pasado con Forcadell, de momento, pues ya fue requerida en una ocasión y se la advirtió por parte del TC. "Se imponen con métodos que pisan a aquellos que piensan una cosa diferente: la radicalidad, el silencio, la amenaza", ha dicho a la vicepresidenta, después de que el secretario general del Parlament se negara a la publicación del debate en el diario oficial y lo hiciera un diputado en su lugar.

A la sazón, Santamaría ha criticado todos y cada uno de los acontecimientos que han tenido lugar durante la mañana, Primero ha dicho que era una "bochornosa" jornada con un "falso debate"; en segundo término, ha denunciado que se hubiera introducido la ley en el orden del día "deprisa y corriendo", pero más tarde, los diputados "se hubieran dado más tiempo para comer que para enmendar". Después, ha asegurado que se "despreciaba" al Consell de Garanties Estatutàries. "Sabíamos que eran capaces de muchas cosas, pero ahora vemos que no tienen respeto a Catalunya ni a los catalanes", ha incidido.

La número dos de Mariano Rajoy no ha querido desvelar escenarios futuros sobre qué pasará en adelante. "Vamos detrás de las acciones del Parlament", constataba una fuente de la Moncloa consultada por El Nacional. Así y todo, fuentes del gabinete afirman que una vez se apruebe la ley de referéndum se impulsará un recurso de inconstitucionalidad. Este no se hará por el procedimiento habitual, sino que irá por otra vía, ya que la ley del 1-O "no tiene validez legal", según explican, pero el fin será el mismo. 

Las personas preguntadas indican que el Consejo de Ministros será seguramente mañana jueves porque el recurso es nuevo. Entonces habrá que pedir dictamen (informe) preceptivo al Consejo de Estado y luego se presentará ante el TC, que podría suspender la ley automáticamente, como se espera a que el Gobierno inste. Aquí no interferirá la recusación de Forcadell a los magistrados, porque según fuentes jurídicas no ha entrado en el tiempo establecido, ni con la forma oficial.

Santamaría también ha constatado que tiene el apoyo de la oposición (del PSOE, Pedro Sánchez y de Ciudadanos, Albert Rivera), quienes estaban "permanentemente informados" y en contacto. Del mismo modo, ha lanzado un mensaje de "paz y tranquilidad" a todos los catalanes, cuyos derechos ha afirmado que estaban garantizados.