​Una moción sobre la represión del Estado en Catalunya. El grupo municipal de Junts per Sant Cugat ha presentado este miércoles una moción para declarar persona no grata el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que fue el instructor de la causa que acabó condenando por sedición a los líderes independentistas después del 1-O. Además, tiene una vivienda en el municipio vallesano que el año 2018 apareció con pintadas de color amarillo, que fueron reivindicadas por Arran (organización juvenil de la Esquerra Independentista).

El texto se debatirá en el pleno del próximo lunes 15 de noviembre, donde también se discutirá sobre declarar persona no grata la instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno. Hay que recordar que a mediados de octubre la instructora fue quien rechazó los avales del ICF para cubrir las fianzas millonarias que el tribunal reclama a 29 de los 34 encausados por la política exterior del Govern de la Generalitat entre los años 2011 y 2017.

El 1-O continúa vigente

La moción presentada por Junts per Sant Cugat proclama que el "mandato del 1-O" continúa "legítimamente vigente". Así, ha emplazado las personas e instituciones que llevan a cabo acciones ante la justicia europea a "proseguirlas e intensificarlas". La última acción de este tipo es la que protagonizó este martes el exconseller de la Presidencia Francesc Homs, que presentó una nueva demanda contra el estado español ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Asimismo, el texto también defiende que el Ayuntamiento de Sant Cugat "promoverá la calidad institucional, la defensa de la democracia y del derecho a la autodeterminación de Catalunya." Es por eso que a la moción se añade "las carencias del referéndum del 1-O no son atribuibles a déficits democráticos u organizativos de sus promotores sino a la represión ejercida por el Estado".

La acusación particular de las instituciones

Conectando con eso, el grupo de Junts per Sant Cugat también refleja a la moción "el apoyo de esta institución a todas las personas represaliadas y particularmente a las que son vecinos y vecinas del municipio". "Instamos al Parlament de Catalunya a revisar y reformar el régimen jurídico que impone a la Generalitat de Catalunya la obligación de participar como acusación en las acciones judiciales aprestos contra manifestantes y basados en declaraciones de funcionarios públicos que demasiado frecuentemente venden demostrando como sesgadas, ideológicamente contaminadas e incluso en algunos casos inventadas", añade el texto presentado.

Finalmente, la moción insta "a las instituciones catalanas a defender activamente a las personas que en el ejercicio de sus funciones públicas y aprestos por los sucesivos mandatos electorales sufren hoy la represión y el espolio de las diversas instancias estatales" y a "superar la estrategia meramente defensiva y emprender todas las acciones necesarias contra las instituciones y las personas que las lideran y que vienen protagonizando el ejercicio de la represión estatal". "La Generalitat tiene la obligación de defender allí donde haga falta su ámbito de actuación siempre que este resulte del mandato democrático y no tiene que tolerar que instituciones claramente sesgadas políticamente repriman a sus dirigentes políticos ni sus empleados públicos", concluye el texto.

 

Imagen principal: El juez Pablo Llarena / ACN