El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Normativo para 2026, la Biblia de todas aquellas normas que el Gobierno prevé aprobar ese año. En plena debilidad en el Congreso de los Diputados, con derrotas sucesivas en esta cámara, Pedro Sánchez ha incluido el nuevo modelo de financiación autonómica y también los presupuestos generales del Estado. El encargado de presentar el plan ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha hecho ingeniería lingüística para referirse a la pérdida de apoyos del Gobierno. “Es una compleja pero razonable mayoría parlamentaria”, ha dicho; además de destacar que el ejecutivo de PSOE y Sumar debe conformarse e intentar gobernar con la mayoría surgida de las urnas el 23 de julio de 2023.

La pérdida de apoyos durante esta legislatura se debe, precisamente, al incumplimiento de los acuerdos alcanzados para investir a Pedro Sánchez como presidente. El PSOE pactó una ley de amnistía con el independentismo que el Tribunal Supremo se ha negado a aplicar a los líderes del Procés. Con Junts per Catalunya, además de esta norma y muchas otras cuestiones más, también pactó la oficialidad del catalán en la Unió Europea y la delegación de las competencias en inmigración. Por un motivo o por otro, estos pactos tampoco se han cumplido. Por eso los juntaires ya han roto con los socialistas. Y tampoco se han cumplido los acuerdos más importantes alcanzados con Esquerra Republicana: creación de un consorcio de inversiones en infraestructuras, cesión del 100% del IRPF a la Generalitat y financiación singular para Catalunya.

El Gobierno ha incluido en este plan normativo, precisamente, la nueva ley de financiación pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Se trata de un modelo que respeta, en el caso de Catalunya, el principio de ordinalidad. Supondrían 21.000 millones de euros más para las autonomías; de los cuales 4.700 millones serían para Catalunya. Los republicanos plantearon la posibilidad de incluir en esta ley una enmienda para conseguir la cesión pactada del 100% del IRPF a Catalunya. Pero no ha habido acuerdo. El Gobierno mantiene la idea de que es necesario crear un modelo de recaudación en red en el que estén presentes las dos administraciones, la catalana y la española. Y esto bloquea la negociación y aprobación de los presupuestos de los gobiernos de Salvador Illa y Pedro Sánchez.

Sánchez va camino de gobernar una legislatura entera sin aprobar ninguna ley de presupuestos. Sí que lo ha incluido en el plan de 2026, y este martes Bolaños ha tenido que volver a decir que el ejecutivo presentará las cuentas. Pero con más malabarismos: para hacerlo es necesario que haya una cierta estabilidad económica en el ámbito global; para saber cuáles son las perspectivas de crecimiento de la economía española.

El Plan Normativo del 2026

Bolaños ha detallado que, en total, el ejecutivo pretende aprobar 179 normas: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las leyes de integridad pública para combatir la corrupción, la de violencia vicaria, la de tráfico y explotación de seres humanos, de prevención de riesgos laborales, de protección del derecho al honor, de protección a la infancia, de consumo sostenible, y de la inteligencia artificial. 

En la rueda de prensa, Bolaños ha sido preguntado por la ley de secretos oficiales; todavía está vigente la norma franquista de 1968. No aparece en el plan porque ya ha sido aprobada por el Gobierno y actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso, pendiente de su aprobación definitiva. Se ha mostrado confiado en que negociando con las diversas formaciones de la cámara baja, el ejecutivo pueda actualizarla y deje así de tener el cerrojo de una dictadura.