Los fantasmas reaparecen. El paso por el ecuador de la legislatura española no ha sido especialmente pacífico, sino más bien turbulento, a pesar de los dos presupuestos del Estado y la lluvia de millones de fondos europeos. Se han pasado las primeras semanas del año teniendo que esquivar polémicas artificiales, creadas por la derecha y alimentadas desde la misma Moncloa y por el mismo Pedro Sánchez. Pero también haciendo frente a problemas reales. En diez días el Gobierno tiene una de las votaciones más importantes, y también de las más difíciles, de estos cuatro años de mandato, a las puertas de un nuevo ciclo electoral: la de la reforma laboral. Casa día que pasa, se complica más. Y ciertamente sería paradigmático que el gran proyecto de Yolanda Díaz, llamada a unificar y liderar todo el espacio a la izquierda del PSOE, acabara siendo una derogación aguada y acabara saliendo adelante gracias a los votos de la derecha. Porque no sólo está en juego una votación concreta. Está en juego el rumbo de la legislatura.

No en balde, los socios han hecho un golpe sobre la mesa. ERC no quiere más gato por liebre, ni más leyes que quedan lejos de las promesas, como ya ha pasado en la ley de vivienda o en la nueva ley de memoria democrática. Por eso Gabriel Rufián se ha plantado: o el decreto se tramita como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, para poder modificarlo en el trámite parlamentario, o votarán en contra de su convalidación. Pero no sólo los republicanos. También es el caso de otros aliados estratégicos de Sánchez, como el PNV o EH Bildu, que están en la misma posición que ERC y reclaman, como mínimo, la primacía de los convenios autonómicos por encima de los estatales. Lo ha advertido Andoni Ortuzar, presidente jeltzale: si no se cambia votarán que no. También están incómodas otras formaciones como Más País y Compromiso. Es decir, el bloque entero de la investidura y de la legislatura. Pero el Gobierno no quiere ni negociar. Sigur el no s todo y explora otras vías para impedir que decaiga.

La eterna tentación de los últimos años: abandonar la alianza de izquierdas y plurinacional para moverse al "centro" de Ciutadans. El PSOE ya ha abierto esta vía, después de que la formación haya ofrecido sus votos gratis a la reforma laboral "si no se toca una coma" del acuerdo con sindicatos y patronal. El ministro Félix Bolaños hablaba esta misma semana de "ampliar mayorías". Sería un nuevo intento de resucitar a la formación, que según la mayoría de encuestas se aboca a la desaparición. El CIS le da dos puntos menos en un mes y lo sitúa en el 4%, muy cerca del 3% de umbral mínimo (por demarcación) que te deja con representación o sin. Y ni siquiera con Ciudadanos acaban de salir los números para convalidar el decreto en el Congreso el próximo 3 de febrero.

Una posibilidad de la que además recelan Unidas Podemos y Yolanda Díaz, que se encuentran entre la espada y la pared. Por una parte, admiten la necesidad de salvaguardar el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal, con la CEOE amenazando con salirse del acuerdo –que tanto ha costado– si los diputados lo modifican. Por otra parte, la necesidad de salvaguardar la alianza estratégica en la "dirección de Estado" con las izquierdas, los independentistas y los nacionalistas, y de rebote impedir el acercamiento a Ciudadanos, que consideran una "trampa" para cargarse el bloque actual. El espacio morado está liderando las conversaciones con los socios, pero tampoco hay movimientos.

No es la primera vez que el Gobierno se encuentra frente a esta encrucijada. Pasó en los primeros presupuestos del Estado, que la presión del entonces vicepresidente Pablo Iglesias hizo que se decantara por el bloque de la investidura. Ahora, sin embargo, los socios "prioritarios" –término acuñado por La Moncloa– admiten que las cosas están "jodidas" y ven muy cerca la vía Ciudadanos. Sea como sea, marcaría un precedente peligroso. La coalición española tendrá que escoger si sigue el camino donde estaba o toma un atajo.

Ciudadanos hacia la desaparición

Esta semana se ha hecho público el barómetro de enero del CIS, que ha hundido todavía a más Ciudadanos hacia la desaparición. El camino iniciado en las elecciones generales del 2019, cuando se quedaron a las puertas del Grupo Mixto, continuó con la desaparición de la Asamblea de Madrid el año pasado. Ya sólo los queda presencia en un gobierno autonómico, el de Andalucía. Y el panorama no es muy esperanzador para la formación de Inés Arrimadas. Las perspectivas también son negras a las elecciones autonómicas de Castilla y León, el próximo 13 de febrero, y de Andalucía, a lo largo de este año. En los dos territorios también se arriesga a la extinción.