El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido este lunes sustituir a Santos Cerdán al frente del PSOE con una secretaría de organización coral transitoria hasta el comité federal que se celebrará el 5 de julio. Estará formada por cuatro personas: la presidenta del partido, Cristina Narbona; la secretaria de Trabajo, la catalana Montse Mínguez; el secretario de Acción Democrática y Transparencia, Borja Cabezón, y la gerente Ana María Fuentes. Irónicamente, esta última aparece señalada en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como encargada de cobrar "el impuesto"; aunque la semana pasada el ministro Félix Bolaños quiso aclarar que esta palabra se utiliza dentro de la jerga socialista para referirse al porcentaje de su sueldo público que los militantes entregan al partido. Por otra parte, en la reunión de la dirección socialista de este lunes también se ha decidido expulsar a José Luis Ábalos de la formación; un año y medio después de que estallara el caso Koldo y de que se le retirara la militancia del partido de forma únicamente cautelar. Santos Cerdán también se ha dado de baja de militante del PSOE. El portavoz de Sumar, el ministro Ernest Urtasun, también ha anunciado que Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reunirán este lunes a las seis de la tarde para evaluar las consecuencias del caso Cerdán en el Gobierno.

Sánchez volverá a comparecer desde la sede de Ferraz por segunda vez consecutiva, desde un atril que no utilizaba desde que es el inquilino de la Moncloa. Lo hará minutos después de reunir a la comisión ejecutiva federal del PSOE en el cuartel general de los socialistas; una directiva aún conmocionada por un caso que ha dinamitado la legislatura: los dos secretarios de Organización a quienes Sánchez entregó el timón del partido han liderado —presuntamente— una trama de corrupción de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Cerdán informa al Supremo de que entregará su acta de diputado este lunes

Por otra parte, Cerdán ya ha informado formalmente al juez del Tribunal Supremo que quiere investigarle que este mismo lunes formalizará la entrega de su acta como diputado en el Congreso. Como no lo hizo el pasado viernes, todavía continúa como aforado; lo que evita que un juez pueda ordenar su detención o el registro de su casa. De modo que el ex número 3 de los socialistas podría haber tenido tiempo durante este fin de semana de borrar o copiar pruebas.

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Una veintena de periodistas en las puertas de la sede de Ferraz, con motivo de la reunión de la ejecutiva / Foto: EFE

Reunión con los grupos parlamentarios

Por otra parte, y según ha podido confirmar este periódico, el equipo de Pedro Sánchez ya ha empezado a contactar con algunos grupos parlamentarios para trasladarles su intención de reunirse con ellos esta semana. No hay día ni hora marcada en la agenda, pero la intención del presidente del Gobierno es poner el termómetro y medir el grado de desafección o confianza que sus socios mantienen con él.

Jordi Turull aseguraba este sábado que el futuro del presidente del Gobierno sigue atado al cumplimiento del acuerdo de Bruselas, aunque afirmaba que Junts per Catalunya aprovecharía la debilidad socialista y recordaba que en Madrid tienen "intereses, no amigos". Esta misma formación ya había exigido una reunión urgente a Pedro Sánchez para valorar la "viabilidad" de agotar la legislatura. Podemos, el otro socio más duro con el PSOE, ha exigido una comisión de investigación en el Congreso. El PNV, que gobierna Euskadi de la mano de los socialistas, ha asegurado que las explicaciones de Sánchez son "insuficientes"; mientras que Bildu pide "transparencia".

Esquerra Republicana quiere que la auditoría se extienda al Ministerio de Transportes. Y, junto con los gallegos del BNG, han solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre este nuevo escándalo. De hecho, los republicanos ya registraron de la mano de Podemos hace un par de semanas una solicitud del mismo tipo; pero para que las explicaciones fueran sobre el caso Leire Díez, la "fontanera" que maniobró para conseguir trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad policial que investiga el entorno del líder socialista.

La comparecencia de Sánchez de la pasada semana

La semana pasada, Pedro Sánchez ya compareció en esta misma sala de prensa; lo hacía horas después de que el caso Cerdán estallara y se confirmara la existencia de un nuevo escándalo de corrupción en el PSOE. Las medidas para responder al escándalo las limitó, de momento, a dentro del PSOE: no dimitió, no convocó elecciones, descartó someterse a una cuestión de confianza y ni siquiera quiso renovar los miembros de su Gobierno. Aparte de pedir unas inocuas disculpas, solo anunció una auditoría externa y una renovación de su ejecutiva en el próximo comité federal. Se celebrará el 5 de julio en Sevilla; coincidiendo con el congreso del PP que empezará un día antes en Madrid.