Este domingo, 31 de mayo de 2026, se cumplen ocho años del inicio del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno al día siguiente, 1 de junio, una semana después de la sentencia del caso Gürtel que confirmaba una financiación ilegal por parte del PP. Entraba de esta manera en la Moncloa un líder socialista que prometía poner fin a unas instituciones manchadas por la corrupción de un partido. Y ahora es Sánchez quien estos días sopla las ocho velas empantanado por las acusaciones de corrupción en el PSOE; con Alberto Núñez Feijóo agitando una moción de censura que no se atreve a presentar. Lo hace, además, inmerso en un discurso de negacionismo judicial, reivindicándose como víctima de lawfare y acusando al aparato judicial de crear una galaxia de causas alrededor de su partido y también su entorno personal y familiar con el único objetivo de tumbarlo y devolver el poder a la derecha española.
La de Sánchez contra Rajoy de 2018 fue la primera moción de censura exitosa de la democracia española. Se han celebrado contra los presidentes Adolfo Suárez (1980), Felipe González (1987), Mariano Rajoy (2017 y 2018) y Pedro Sánchez (2020 y 2023). La de 2018 se celebró después del referéndum del 1-O, tras la aplicación del artículo 155 en Catalunya y con Quim Torra en la presidencia de la Generalitat, con presos políticos catalanes y antes de que se celebrara en el Tribunal Supremo el juicio al Procés.
Solo unos días antes de aquella moción de censura se había hecho pública la sentencia del caso Gürtel. El chaparrón de acusaciones de corrupción no fue lo que tumbó a Rajoy. Lo que verdaderamente lo hizo caer fue la sentencia en la que los jueces indicaban que tenían dudas sobre la “credibilidad” del testimonio que ofreció Rajoy durante el juicio. Ahora es Sánchez quien sufre esta tormenta, todavía sin ninguna sentencia sobre el caso, a pesar de que —según circula por el interior de la madrileña M-30— la del caso Mascarillas no tardará en llegar.
Una moción de censura a Rajoy defendida por Ábalos
Ironías del destino, fue José Luis Ábalos quien defendió la moción de censura del PSOE en favor de Pedro Sánchez. Ya desde la Moncloa, el líder socialista le premió su fidelidad no solo con la secretaría de Organización del partido, sino también con el importante Ministerio de Fomento. Desde este departamento, el hombre que abogaba por unas instituciones limpias, transparentes y libres de corrupción fue presuntamente corrompido por su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Ahora mismo está encarcelado preventivamente en Soto del Real, a la espera de que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia sobre el caso del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones por la compra de material sanitario durante la pandemia del coronavirus.
La galaxia judicial de Sánchez
Pero la galaxia judicial de Pedro Sánchez no termina aquí. Ni mucho menos. Otra de las coincidencias de este octavo aniversario es que estos días se está juzgando la Kitchen. Se investiga si el gobierno de Rajoy usó fondos reservados del Estado para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y borrar pruebas que pudieran incriminar a dirigentes del PP en el caso Gürtel. Justo ocho años después, esta semana ha implosionado La Kitchen del PSOE. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en la sede de Ferraz del partido para requerir información sobre una presunta trama de pagos y extorsiones para torpedear investigaciones judiciales contra Sánchez y los socialistas.
Más allá del caso Leire y del caso mascarillas, hay una dimensión del caso Koldo que afecta directamente al sucesor de Ábalos al frente de la secretaría de Organización del PSOE. Santos Cerdán también ha pasado por prisión preventiva y es investigado por irregularidades en adjudicaciones de obra pública. Es decir, las dos personas a quienes Sánchez confió el timón del PSOE mientras él estaba en la Moncloa están manchadas por la corrupción. El presidente español también ha sido afectado por la condena del fiscal general, por la investigación de los hidrocarburos, por el juicio que ya ha arrancado contra su hermano David y por el que se producirá dentro de poco a su esposa, Begoña Gómez. Y si nada de esto fuera suficiente, estas dos últimas semanas también han estado marcadas por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra; una investigación que afecta directamente a Sánchez, porque fue su Consejo de Ministros quien rescató la aerolínea durante la pandemia con 53 millones de euros.
Sánchez sí que apartó y fulminó a Ábalos y Cerdán, pero ha cerrado siempre filas con el fiscal general y, por supuesto, con sus familiares investigados. Hace lo mismo con Zapatero, de quien defiende su inocencia a pesar de que el sumario aporte indicios graves. Respecto de la trama de las cloacas del PSOE, sus ministros y su partido avivan la idea del lawfare. El ministro Óscar Puente aseveraba el jueves que la justicia intenta tumbar al ejecutivo con métodos “no democráticos”. Y varias personas del entorno del presidente insisten en que es demasiada coincidencia que todos estos casos aparezcan de golpe. Sánchez comparecerá en el Congreso la semana del 22 de junio para dar explicaciones sobre la nueva tormenta judicial.
Una moción de censura que recuerda al momento actual
En octubre de 2016, Rajoy fue investido presidente del Gobierno con los votos favorables del PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias. El resto de formaciones votaron en contra, a excepción del PSOE, que se abstuvo para evitar la repetición electoral y enviar a los ciudadanos a las urnas por tercera vez consecutiva. Días antes, por la creciente presión interna y externa en el PSOE de permitir un gobierno del PP, Pedro Sánchez dimitió como secretario general del partido, un poder que recuperaría en 2017 en unas nuevas primarias. Los siete diputados del PSC ignoraron la decisión del Comité Federal de abstenerse y votaron en contra de la investidura de Rajoy.
Dos años después, Sánchez presentó una moción de censura. Para tumbar a Rajoy, consiguió configurar una mayoría alternativa con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, En Comú Podem, Esquerra Republicana, PDeCAT, En Marea, PNB, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Solo Coalición Canaria se abstuvo. El resto, votó en contra.
Ahora, ocho años después, Junts per Catalunya y el PNV exigen a Sánchez que convoque elecciones. Pero ninguna de las dos formaciones está dispuesta a sumarse a una nueva moción de censura para investir a Feijóo. El PP sostiene que deberían ser coherentes no solo con la demanda reiterada de elecciones a Sánchez, sino en el sentido de su voto en 2018. Pero hay un problema mayúsculo en la ecuación: Vox, que es lo que al principio de la legislatura hizo inviable que los nacionalistas vascos y catalanes se sumaran a una investidura de Feijóo. Y por otro lado, socios de Sánchez como Esquerra Republicana, Sumar, Podemos o Bildu tampoco acaban de dar el paso de retirarle el apoyo. Decía Rufián que aún no hay una sentencia judicial y que la alternativa es mucho peor.
Sánchez celebra su octavo aniversario como presidente del Gobierno salpicado por los casos de corrupción, de la misma manera que estaba su antecesor en el cargo. La legislatura acaba, como máximo, el verano de 2027. El presidente español insiste en que no está dispuesto a anticipar elecciones generales.