Probablemente España nunca haya tenido un gobierno del que pueda demostrarse una limpieza absoluta. Y no porque todo sea igual de corrupto, sino porque para proclamar una pureza total tendríamos que revisar cada decisión, cada contrato, cada intermediación y cada comportamiento de todas las personas que han pasado por el poder. La historia no entrega certificados de santidad, pero sí deja rastro de cómo se ha utilizado el Estado.
Corrupción, clientelismo, favoritismo y usos particulares de los recursos públicos han acompañado las distintas etapas de nuestra historia política. Han cambiado las leyes, los nombres y las formas de actuar. Lo que ha cambiado, sobre todo, es nuestra capacidad para enterarnos de lo que ocurre, investigarlo y exigir responsabilidades. No todos los gobiernos han sido igual de corruptos. Y la responsabilidad penal sigue siendo individual: se juzgan personas concretas por hechos concretos, bajo la presunción de inocencia, no siglas ni votantes en bloque. Pero esa garantía no puede convertirse en coartada para mirar hacia otro lado.
Si miramos atrás, reconocemos patrones que se repiten. Durante la Restauración, el cacique no era una caricatura: era quien conectaba a una población dependiente con una Administración lejana, repartiendo favores, empleos y expedientes desbloqueados a cambio de votos. La Segunda República, con toda su fragilidad, tuvo sus propios estraperlos, con empresarios buscando intermediarios políticos para convertir una autorización pública en negocio privado. El franquismo no fue un oasis de honradez, sino un régimen que controlaba la información y, por tanto, el escándalo: el silencio no prueba ausencia de corrupción, prueba capacidad de censura. Matesa es solo un ejemplo de cómo una gran operación económica con dinero público pudo hacerse visible durante unas semanas porque una parte del propio régimen consideró útil que se contara.
La democracia no acabó con la corrupción. Lo que hizo fue cambiar el terreno de juego: pluralismo, elecciones competitivas, supuesta libertad de información, jueces sometidos a un marco constitucional, oposición parlamentaria, controles administrativos y posibilidad de recurrir ante tribunales superiores. Eso no inmuniza a nadie. Ahí están Filesa, señalando las zonas grises entre financiación política y servicios facturados; el caso Marey, recordando que la peor corrupción del poder no siempre busca enriquecerse, sino que puede consistir en utilizar el Estado para actuar al margen de la ley; o Gürtel, mostrando la versión actualizada del viejo intermediario que convierte su cercanía al poder en ventaja competitiva y en negocio.
Enterarnos antes no significa que estemos peor que antes. Puede significar que estamos un poco más despiertos. Y quiero pensar que esto es señal de que nos indignamos, y así construimos de alguna manera la democracia
El caso ERE resume bien la complejidad del momento actual: un sistema de ayudas con controles debilitados, piezas múltiples, condenas que afectaron a ex altos cargos y expresidentes, y una posterior intervención del Tribunal Constitucional matizando el alcance penal de determinadas decisiones vinculadas a la elaboración y aprobación de leyes presupuestarias. No todo fue inventado ni todo puede repetirse como si los pronunciamientos constitucionales no existieran. Cada pieza requiere su propia lectura y exige recordar algo básico: pertenecer a la Administración o aparecer cerca de un procedimiento irregular no basta para condenar, porque la responsabilidad penal exige prueba individualizada. La lucha contra la corrupción no nos autoriza a rebajar las garantías.
En todas estas etapas reaparecen los mismos lugares de riesgo: la Administración que concede licencias, ayudas y contratos; las empresas que buscan un acceso privilegiado; los partidos que necesitan financiar estructuras y campañas; los cuerpos de seguridad cuyo poder coercitivo puede usarse dentro o fuera de la ley; y el silencio, que unas veces se impone por censura, otras se fabrica por complicidad y otras se alimenta por pura militancia, desacreditando al mensajero antes que afrontar el mensaje. La diferencia entre dictadura y democracia no está en que desaparezca la corrupción, sino en que existan jueces, periodistas, opositores, funcionarios y ciudadanos capaces de contarla.
Vivimos un tiempo en el que la sucesión de noticias sobre corrupción provoca cansancio y sensación de derrumbe. Parece que todo está podrido porque cada día conocemos un mensaje, un informe, una adjudicación sospechosa o una nueva investigación. Pero que sepamos más cosas no significa automáticamente que hoy haya más corrupción que antes. Puede significar, también, que hay más periodistas investigando, más documentación accesible, más fuentes dispuestas a hablar y una sociedad menos resignada a aceptar que el poder haga lo que quiera. El periodismo no dicta sentencias ni puede convertir en culpable a quien no ha sido condenado. Su trabajo consiste en sacar a la luz hechos relevantes, formular preguntas, localizar documentos, escuchar a quienes denuncian y obligar a las instituciones a explicar sus decisiones.
La democracia y la justicia no son estados que se alcanzan una vez y quedan garantizados de por vida. Solo existen de verdad cuando se ejercen: cuando se investiga sin saber a quién beneficiará la verdad, cuando las acusaciones tienen que probar lo que afirman, cuando las defensas pueden discutir esas pruebas, cuando los tribunales absuelven si no las consideran suficientes aunque el ruido mediático empuje en dirección contraria y cuando condenan a responsables poderosos sin preguntar qué partido pierde con la sentencia. Y cuando los ciudadanos aplican el mismo criterio a la corrupción ajena y a la propia.
La presunción de inocencia no es un salvoconducto para negar documentos, desacreditar investigaciones o bloquear cualquier exigencia de responsabilidad política. Del mismo modo, la denuncia periodística no convierte automáticamente en delito aquello que revela. La madurez democrática consiste precisamente en sostener esas dos ideas a la vez. Enterarnos antes no significa que estemos peor que antes. Puede significar, con todas nuestras insuficiencias, que estamos un poco más despiertos. Y quiero pensar que esto es señal de que nos indignamos, y así construimos de alguna manera la democracia.