Pedro Sánchez vuelve este miércoles a comparecer en el Congreso de los Diputados para, una vez más, dar explicaciones sobre los múltiples casos de corrupción que asedian al PSOE. No es la primera vez que lo hace. Ni la segunda. El presidente del Gobierno, de hecho, celebra estos días el primer aniversario del encarcelamiento preventivo de Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE en sustitución de José Luis Ábalos— sin haber aprobado ninguna de las medidas del plan anticorrupción que anunció en esta misma cámara hace casi un año. El líder socialista comparecerá ante la cámara en pleno in crescendo de las dos tormentas que le asedian: aparte de la judicial, está la parlamentaria con socios de investidura exigiéndole elecciones. Él, atrincherado, se niega a ello. Se espera que Sánchez vaya a la ofensiva contra el PP y que esta vez desgrane los casos que afectan a su familia, los cuales él enmarca en el lawfare. Según prevén fuentes de la Moncloa, intentará recuperar la iniciativa en el relato y perimetrar "los hechos" ante las "mentiras y los bulos".
El presidente español anunció que volvería a dar explicaciones cuando la Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero por haber cometido presuntamente delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en el caso Plus Ultra; también ahora de contrabando y fraude fiscal por el caso de las joyas escondidas en una caja fuerte. En un primer momento, los socialistas hablaron de ofensiva de la derecha judicial; un posicionamiento que se ha rebajado un poco y que ahora se sitúa únicamente en trasladar el apoyo al expresidente y defender su presunción de inocencia. Fijó la fecha de la comparecencia para un mes más tarde, una vez Zapatero ya hubiera declarado ante el juez y el suflé hubiera bajado un poco. Pero la tormenta judicial es tan asfixiante que ahora Sánchez entrará en el Congreso solo 48 horas después de que el Tribunal Supremo haya condenado a Ábalos a veinticuatro años de prisión por llevarse comisiones a cambio de adjudicaciones a dedo para comprar material sanitario durante la pandemia del coronavirus. El alto tribunal, además, ha enviado un importante aviso en positivo a los acusados del resto de casos del PSOE: confesar y colaborar puede tener premio; porque el empresario Víctor de Aldama ha conseguido evitar la prisión.
Sánchez deberá dar explicaciones también sobre el caso de las cloacas del PSOE. Dos días después de la imputación a Zapatero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede de Ferraz para recopilar más información sobre una trama de extorsión y guerra sucia: Santos Cerdán lideraba un entramado de cloacas por el que su fontanera Leire Díez se movía en total libertad para intentar dinamitar procesos judiciales contrarios a los intereses de Sánchez.
Ninguna medida anticorrupción aprobada en un año
Sánchez, además, comparece un año después de que estallara el caso Cerdán; el más demoledor de su etapa al frente del Gobierno y el PSOE. Entonces, el socialista anunció un paquete de medidas anticorrupción y no se ha aprobado ni una. Sánchez propuso crear listas negras para impedir que empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración, retirada de subvenciones públicas a los partidos que mantengan condenados por corrupción en sus estructuras o candidaturas, endurecimiento de las penas por corrupción y ampliación de los plazos de prescripción, creación de juzgados o secciones especializadas en delitos contra la administración pública, procedimientos judiciales rápidos para causas que afecten a cargos públicos, posibilidad de decomisar bienes vinculados a delitos sin condena penal previa, creación de una agencia estatal independiente de prevención y persecución de la corrupción, y uso de la inteligencia artificial para detectar patrones de fraude e irregularidades. Nada se ha cumplido.
Ante todos estos incumplimientos, la Moncloa espera que los socios de investidura sean duros con Sánchez. Ya hay dos que lo son. Junts per Catalunya, que rompió relaciones con el PSOE el pasado noviembre, hace semanas que exige elecciones al presidente socialista. Y ahora también lo hace el PNV, que le insta a convocar las urnas si fracasan los próximos presupuestos generales del Estado. El Congreso, empujado por el PP, presiona a Sánchez para que dimita. Pero él se niega. ERC y Bildu, por su parte, reclaman que llene de contenido lo que queda de legislatura.
El lawfare
Pedro Sánchez mantiene vivo el relato de que es víctima de lawfare, pero para dotar el discurso de credibilidad necesita dejar claro que no todos los casos de corrupción que le asedian pertenecen a la guerra judicial. El caso de Ábalos es el ejemplo. Este martes el Gobierno pedía “no mezclar cosas” y admitía que el caso del exministro es un caso de corrupción con todas las de la ley; no así los casos sobre familiares de Sánchez: el de su hermano David y, especialmente, el de su esposa, Begoña Gómez.
La familia es delicada para Sánchez. No se ha planteado ni dimitir ni someterse a una cuestión de confianza en los casos de Ábalos, Cerdán o Zapatero. Pero sí que se clausuró en la Moncloa y reflexionó durante cinco días si continuaba en el cargo cuando Peinado abrió diligencias contra su esposa. Se espera que este miércoles Sánchez desgrane estos casos y argumente por qué, según él, son víctimas de lawfare.