Pedro Sánchez mantiene vivo el relato de que es víctima de lawfare, pero para dotar el discurso de credibilidad necesita dejar claro que no todos los casos de corrupción que le asedian pertenecen a la guerra judicial. El caso José Luis Ábalos es el ejemplo. Su antiguo hombre de máxima confianza —exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento— fue condenado este lunes a veinticuatro años de prisión por haber liderado el caso Mascarillas. El Tribunal Supremo acreditó que se llevó comisiones a cambio de adjudicaciones a dedo para comprar material sanitario durante la pandemia del coronavirus.
"Pero no se deben mezclar cosas", ha sentenciado este martes Óscar López en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El máximo responsable del departamento español de Transformación Digital y también exjefe de gabinete de Sánchez ha reivindicado desde la sala de prensa del palacio de la Moncloa que "es importante no confundir las cosas" y distinguir entre persecuciones judiciales como las de Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez que casos acreditados de corrupción como el de Ábalos. "Los que creemos en la política y en la separación de poderes sabemos que, lamentablemente, se producen algunos casos de corrupción; la mayoría de los políticos son honestos, pero no todos, igual que sabemos que la mayoría de los jueces acostumbran a hacer un trabajo excelente, pero no todos", ha manifestado López.
El ministro, sin rodeos, ha defendido que "quien la hace, la paga". Porque el exministro sí que la ha hecho. "Es igual que se diga Ábalos o Ayuso; lo importante es combatir la corrupción", ha manifestado en referencia a un caso de la Comunidad de Madrid relacionado también con comisiones a cambio de la venta de mascarillas. Ha sido entonces cuando ha reivindicado que el PSOE sí que "actuó" cuando aparecieron las primeras sospechas sobre Ábalos; igual cuando se publicó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. La "tolerancia cero a la corrupción", ha dicho, no es igual en el caso del PP.
Esta asunción de la corrupción de Ábalos permite al Gobierno, como ha hecho López, denunciar que "el caso de Begoña Gómez ha sido un atropello judicial desde el primer momento". "Es una campaña de desgaste que no parece tener fin", ha rematado a posteriori Elma Saiz, ministra portavoz del ejecutivo del PSOE y Sumar. De momento, el Gobierno ya no habla tan abiertamente de lawfare en el caso de Zapatero, pero sí que continúa trasladando su apoyo al expresidente socialista, y Sánchez continúa apelando a la presunción de inocencia de su antecesor en el cargo.
El Gobierno descarta asumir más responsabilidades políticas
Por otro lado, la portavoz Elma Saiz ha descartado que el Gobierno deba asumir más responsabilidades por el caso Ábalos. Asevera que ya se tomaron las que eran necesarias en su momento: cuando la policía detuvo a Koldo García, Sánchez ordenó la expulsión del exministro del grupo parlamentario, así como la retirada de carné del PSOE. También se le reclamó su acta como diputado; pero como esta es intransferible, él se negó y se marchó al Grupo Mixto, a pesar de que siempre respetó la disciplina de voto socialista.