El Gobierno ha aprobado la nueva ley de enjuiciamiento criminal que, entre sus principales características, deja en manos de la Fiscalía las instrucciones penales y veta que los partidos políticos ejerzan como acusación popular. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado el proyecto en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión de los martes del Consejo de Ministros. Ha destacado en múltiples ocasiones la necesidad de aprobar esta ley, que sustituye a la de 1882. “Es del mismo año que empezó a construirse la Sagrada Familia; las grandes obras, arquitectónicas y legislativas, necesitan su tiempo”, ha señalado con tono socarrón.

Para aprobar esta ley, sin embargo, el Gobierno necesitará el apoyo del Congreso de los Diputados. Y Bolaños ha presentado la iniciativa al día siguiente de que Junts per Catalunya decidiera romper con el PSOE y situarse en la oposición. Sea como sea, los principales cambios de la nueva ley son que el Ministerio Fiscal dirigirá a partir de ahora la investigación penal. Esto ya se aplica en la mayoría de los países de la Unión Europea. Según el Gobierno, esto agiliza la instrucción. También se crea la figura del juez de garantías, que podrá valorar los recursos que presenten las partes si consideran que sus derechos fundamentales son vulnerados. También habrá un juez de audiencia preliminar que evaluará el trabajo hecho por el fiscal y el juez de garantías y decidirá qué pruebas se aceptan de cara a un juicio, o bien si es necesario archivar la causa.

Por otro lado, la ley regula la acusación popular. Ya no podrán ejercer este papel las personas jurídicas públicas, los partidos políticos, los sindicatos o las asociaciones que dependen de ellos. De hecho, la nueva ley también incluye un nuevo “límite objetivo”, en palabras del ministro Bolaños. Actualmente, cualquier acusación popular puede querellarse por cualquier delito. Ahora se establece un catálogo de delitos por los que la acusación popular puede ejercerse. Y son intereses colectivos, no individuales.

El Gobierno obvia la ruptura con Junts

Paralelamente, el Gobierno ha vuelto este martes a hacer como si nada. Veinticuatro horas después de que la dirección de Junts per Catalunya tomara la decisión —ahora deberá ser avalada por la militancia— de romper sus relaciones con el PSOE, el ejecutivo de Pedro Sánchez hace como si nada. La receta para seguir gobernando es, según ha expuesto Bolaños, el “diálogo, la negociación y el esfuerzo”. “Seguiremos gobernando hasta 2027”, ha sentenciado la portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa que ambos han protagonizado tras la reunión del Consejo de Ministros.