Los costes de estar en España no son bajos para Catalunya, al menos aquellos que pueden ser calculados en contra de la opción de ser un Estado independiente. El más negativo de todos tiene que ver con el empleo y no llega a ser un cálculo sino más bien una estimación: 323.157 puestos de trabajo se han perdido desde 1975 porque la gestión pública de la administración española no ha ayudado.

Hablando en plata: los 703.100 parados que tenía Catalunya a finales del 2015 serían la mitad si no fuera por el efecto negativo en el empleo que cuenta con decisiones políticas del Gobierno español, como las que paralizan infraestructuras clave como el Corredor Mediterraneo o las conexiones en los puertos. El economista Josep Pedrol, autor de la estimación, lo calcula bajo el supuesto (conservador) de que decisiones como aquellas reduzcan el PIB catalán en un 0,25%, desde 1975.

Pedrol es uno de los 19 académicos que documentan, calculan y estiman en las 222 páginas de un extra de Revista de Catalunya que quiere dar respuesta a la pregunta sobre el impacto económico de la independencia, su viabilidad y las implicaciones en la caja del país y el bolsillo de los catalanes.

138.922 nuevos puestos de trabajo

La independencia crearía 138.922 nuevos puestos de trabajo directos, que reducirían el paro del actual 17,73% al 14,05%, según el economista. Más concretamente, esta cifra resulta de la suma de los nuevos trabajadores públicos (50.139 puestos de trabajo nuevos), el nuevo gasto público (16.376), la reversión del déficit de inversión en infraestructuras (41.630) y el efecto capital de Barcelona (30.777).

El coste político de seguir en España es "incalculable", añade, tanto en oportunidades como en puestos de trabajo perdidos a largo plazo.

Esta es una recopilación de las conclusiones del resto de autores del monográfico, que este jueves cierra en un acto el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Un Estado en contra

La monografía arranca con la pregunta: ¿De qué se quejan los catalanes? Albert Carreras, catedrático de Economía de la UPF, y Manel Larrosa, arquitecto, responden: "Los catalanes tenemos un Estado en contra" que maltrata al país con un déficit fiscal entre el 6% y el 8% anual, el ahogo financiero, la legislación centralizadora y el activismo del Estado, que "percibe el liderazgo económico barcelonés y catalán como una amenaza en Madrid y en el Estado".

Una consecuencia de esta situación es que la cobertura social en Catalunya ha sufrido. Citan un estudio encargado por la Comisión Europea, referido a una media de los años 2011-2013: "Catalunya, que era la región europea 58 sobre 272 en ranking de PIB, pasa a ser la 165 sobre 272, según el índice de progreso social".

"El ahogo financiero de la Generalitat ha sido un ataque en toda regla contra la ciudadanía de Catalunya, especialmente contra la más pobre", concluyen.

Costes de transición

El economista Miquel Puig analiza los costes de la transición en tres fases. Entre el inicio del movimiento independentista y la efectiva independización, si el proceso es democrático y no cuestiona ni la seguridad jurídica ni la estabilidad institucional, los costes previos a la independencia son inexistentes.

Entre la independencia efectiva y el reconocimiento internacional, pueden producirse costes en términos de desorden del comercio y de la producción.

Entre el reconocimiento internacional y la finalización del periodo de ajuste económico los costes serían moderados a causa del boicot a corto plazo y de "el efecto frontera" a largo plazo.

Catalunya y la Unión Europea

Jordi Angusto, otro economista, responde la pregunta de si una Catalunya independiente seguiría formando parte de la UE.

Hoy, explica, Catalunya no está "allí donde más cosas se deciden: ni en el Consejo Europeo ni en la eurozona, donde sólo están los estados; y allí donde sí que estamos, como el mercado único y el euro, también están otros países que no son miembros de la UE. Dicho de forma contraria, nadie nos puede echar de donde ya no estamos, aunque habrá que negociar la entrada en caso de quererla; y allí donde ahora ya estamos, permanecer o no es una decisión exclusivamente nuestra".

Estructuras de estado

Elisenda Paluzie, titular de Economía de la Universitat de Barcelona, afirma que "los [organismos] que habrá que crear de nuevo son pocos, a pesar de que muy relevantes", como la Agencia Catalana de la Seguridad Social, el Banco Central, la Autoridad de Inversiones y Mercados, la Aduana, autoridades y operadores de los sistemas energético, ferroviario, aeroportuario y postal, y embajadas, principalmente.

Sin embargo, hay toda una serie de ámbitos en que la gran mayoría de organismos ya existen y sólo habrá que ampliar el alcance y las funciones: educación, universidades e investigación, sanidad, cultura, seguridad, justicia y hacienda, principalmente.

La Hacienda catalana

¿Dispondría Catalunya de bastantes recursos para atender sus compromisos de gasto? Dos artículos responden esta pregunta.

Núria Bosch y Marta Espasa, catedráticas de la UB, calculan que la Catalunya independiente tendría unos ingresos adicionales (sobre todo vía cotizaciones sociales, IRPF e IVA) y unos gastos adicionales (sobre todo pensiones) que darían una diferencia positiva de unos 11.000 millones de euros al año (el 6% del PIB). Estas cifras están calculadas suponiendo que no cambia el sistema fiscal y de Seguridad Social. "Además [del superávit], se podría solucionar la actual insuficiencia financiera de la Generalitat y mejorar la prestación de los servicios públicos", concluyen.

Con respecto al sistema fiscal catalán, tendría que ser altamente homogéneo con los de los países de la UE, dicen las autoras. Actualmente, Catalunya presenta un nivel de presión fiscal del 33,2% del PIB, cifra baja en relación a la media (41,5%) de cinco países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Suiza), con los cuales se podría equiparar. Eso se debe al fraude fiscal y a la economía sumergida. Esta última (22,3% del PIB) es casi el doble de la media de los países mencionados (12,3%).

Más Hacienda, más Catalunya

Sobre el mismo tema, Albert Carreras, catedrático de la UPF, responde cuál sería la recaudación y el gasto público de una Catalunya independiente.

De acuerdo con las hipótesis empleadas, el conjunto de las administraciones públicas de Catalunya cerrarían el año con superávit, dependiendo mucho de la negociación con el Estado español de la distribución de la deuda, de los tipos de interés vigentes y del ciclo económico.

Por lo tanto, dice Carreras, "la asunción de las nuevas responsabilidades de gasto propias de un Estado independiente estarían plenamente cubiertas por los ingresos generados por la capacidad fiscal de Catalunya. Probablemente el balance sería positivo y generaría un superávit corriente".

Endeudamiento

La separación de Estados repartiría pasivos pero también activos. Y sea cuál sea el criterio de repartición, los economistas David Ros y Pere Miret aseguran que una Catalunya independiente tendría una deuda inferior a la que tiene ahora. Además, "la deuda catalana actual más lo que se heredara de España sería asumible por la economía catalana en el marco de un nuevo estado, al situarse por debajo de la media de los países europeos y con un ahorro de entre un 30% y un 52% en relación a la situación actual dentro de España."

Sin negociación, la deuda catalana sería como la actual de 72.274 millones (33,6% del PIB) y si no se asumiera la devolución de FLA al Estado español, podría llegar a disminuir hasta el 16%. Un escenario improbable.

Con negociación, depende de cómo se calcule. Según el PIB, serían 221.642 millones (103,1% del PIB), según la población sería de 197.933 millones (el 92,1% del PIB) y según el gasto del Estado en Catalunya serían 156.047 millones (el 72,6% del PIB). Un escenario pactado que sería recomendable y daría tranquilidad a los mercados.

Calificación crediticia

La calificación actual del crédito de la Generalitat es de "bono basura" y eso impide acceder a los mercados financieros internacionales. Por lo tanto, Catalunya depende de los mecanismos "discrecionales y acondicionados" de financiación autonómica del Gobierno español. Según los economistas Joan Maria Mateu y Pere Miret, esta situación "es condicionada negativamente tanto por factores políticos como por el injusto trato fiscal y financiero que recibe Catalunya del Estado español, y no responde en absoluto ni a su potencial económico ni a su capacidad de generar ingresos en su territorio."

Una Catalunya independiente recaudaría y gestionaría sus impuestos y eso, le supondría un superávit en las arcas públicas. Automáticamente, "el nuevo Estado catalán y de la Unión Europea disfrutaría de una calificación crediticia de AA-, diez peldaños más que el actual, hecho que le permitiría financiarse con normalidad en los mercados financieros internacionales y dejar de tener problemas de tesorería".

El Estado del Bienestar

Víctima de un "maltrato", Catalunya contribuye más que el resto de comunidades autónomas en impuestos pero al mismo tiempo se encuentra en una situación más perjudicial. Una Catalunya independiente puede profundizar "en cada uno de los ámbitos en los cuales se concreta el estado del bienestar: enseñanza, salud, atención social y trabajo" asegura el profesor de filosofía, Josep Maria Forné. Los recursos están y la atención podría mejorar hasta acercarse a los países punteros. "Asimismo, podría mantener la solidaridad querida y necesaria con el resto de países y sociedades".

Pensiones de Concepció Patxot y Guadalupe Souto

El problema de la sostenibilidad de las pensiones va más allá de la independencia y afecta también a otras partidas del gasto social como son la sanidad y la dependencia. Ahora bien, esto no quita que una tasa de empleo mayor sitúe a Catalunya en una posición privilegiada respecto al resto del Estado.

Concepció Patxot y Guadalupe Souto, dos investigadoras de la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques (XREPP) vaticinan que "Catalunya no tiene que preocuparse más por el sistema de pensiones que el resto de España. El hecho de tratarse de un sistema de reparto hace que las pensiones se puedan cubrir con las cotizaciones corrientes una vez garantizada la capacidad de recaudación de la hacienda catalana en general y de la Seguridad Social catalana en particular."

Infraestructuras

¿Qué se puede prever con respecto a las infraestructuras de transportes de personas y mercancías en un eventual Estado catalán? Esta pregunta sirve al diputado de Junts pel Sí y catedrático de la UB, Germà Bel, para responder con tres datos: la inversión estatal en Catalunya con respecto al total de España es del 10%, la población catalana supone el 16% de España y el PIB catalán representa el 19% del español. En otras palabras, Catalunya recibe menos de lo que le correspondería.

Y no sólo recibe menos sino que lo que recibe está sujeto a incumplimientos y retrasos. Los ejemplos delatan España: rodalies, el Corredor Mediterraneo, la conexión ferroviaria de los puertos de Barcelona y Tarragona, entre otros. Y es que "las grandes infraestructuras de transporte aéreo, portuario y terrestre presentan unos niveles de suficiencia financiera que parecen garantizar su viabilidad en el nuevo Estado, en mejores condiciones que las actuales."

Riesgo de boicot

En caso de secesión, la posibilidad de boicot comercial de los productos catalanes existe y de hecho ya viene de lejos. Los economistas Xavier Cuadras i Modest Guinjoan recuerdan el impacto negativo en las ventas de productos catalanes en Andalucía, Madrid y el País Valencià fruto del proceso de negociación del Estado de Autonomía de Catalunya de 1932 y de 2006. El de 1932 fue otra cosa pero también fue. Ahora bien, boicotear Catalunya implica que Catalunya contra-boicotea desde el orgullo de sus productos. Además, la importancia del mercado español para las empresas catalanas es cada vez menor.

A escala internacional, los boicots tienen efectos prácticamente inapreciables y limitados en el tiempo. No hay ninguna evidencia de que los referéndums del Quebec o Escocia provocaran el boicot de sus productos.

En el peor de los casos y de los supuestos, una Catalunya independiente sufriría un boicot que reduciría la actividad del territorio en un 1,7% del PIB. Más concretamente, las empresas españolas reducirían sus compras de productos catalanes en un 10% y los consumidores españoles dejarían de comprar el 20% de los productos catalanes que compran ahora. Pero el boicot viene y va, lo que supone que los consumidores catalanes también aplicarían los mismos niveles de boicot respecto de los productos españoles. Por lo tanto, incluso en un escenario extremo y poco probable "nos encontraríamos ante una pérdida transitoria y relativamente pequeña que habría que confrontar con las ganancias permanentes de la eliminación del déficit fiscal catalán y la capacidad de los catalanes de tomar sus propias decisiones sobre política económica de manera autónoma"

Empresas y multinacionales

En los últimos años, la economía catalana ha evolucionado mejor que la economía española en temas como la actividad, la creación de empresas, la inversión extranjera, la exportación o el empleo. El exdecano del Col·legi d'Economistes de Catalunya Francesc Raventós, asegura que es evidente que el proceso independentista no ha afectado negativamente a las empresas y que la imagen internacional de Catalunya es muy positiva.

Las empresas, especialmente las grandes, se adaptan a los cambios políticos allí donde están instaladas. La independencia no sería ni mucho menos un problema. "Catalunya, al formar parte de la UE desde 1986, no tendría la necesidad de hacer ninguna reforma de adaptación". Y todavía más: "el efecto real que el proceso independentista ha tenido hasta hoy en las empresas situadas en Catalunya se puede considerar irrelevante. La apuesta de los inversores es que el proceso soberanista va para largo y que en cualquier caso acabará con algún tipo de acuerdo político y económico que minimizará los posibles efectos negativos que se pudieran producir".

19 voces autorizadas y un único veredicto: "una Catalunya independiente sería viable económicamente". También hay consenso en que Catalunya sería un Estado Miembro de la UE y eso, aportaría ventajas y mayor bienestar. Pero queda un último interrogante: ¿cómo se resolverán los problemas políticos existentes? Diálogo constructivo y negociación para que todo el mundo salga ganando. Entre España, Catalunya y la Unión Europea.