La represión y persecución del Estado contra el independentismo, utilizando herramientas como la ley antiterrorista, ha llegado este viernes a la Organización de las Naciones Unidas de la mano de Òmnium. Concretamente, Neus Torbisco, vocal de entidad, ha intervenido telemáticamente en la ONU para denunciar que España utiliza esta ley contra el independentismo, aplicando una "política de represión contra el movimiento democrático para la autodeterminación en Catalunya", criminalizando a su vez la libertad de reunión y asociación política. Por eso, ha pedido en la ONU que utilice su mandato para instar en España a retirar "todos los cargos penales vinculados contra las acciones de Tsunami Democràtic" y garantizar "la libertad de reunión y el derecho a protesta".

 

Torbisco ha detallado en su intervención que la Audiencia Nacional inició en 2019 una causa secreta sobre el Tsunami Democràtic, una organización que "tenía como objetivo preparar protestas pacíficas masivas contra la sentencia del Tribunal Supremo", recordando ante la ONU las "largas penas de prisión" por las cuales se condenó a "nueve políticos catalanes". "Las acciones consistieron en una marcha en el aeropuerto de Barcelona, el bloqueo de la autopista que conecta los estados francés y español y soltar décimas de pelotas con la frase 'Spain, sit and talk' durante un partido Barça-Madrid". Así, Torbisco también ha denunciado "el uso abusivo de acusaciones de terrorismo por parte del Estado por silenciar voces de minorías" y ha afirmado que estas prácticas suponen una amenaza para la democracia y los derechos humanos. En la misma línea, ha apuntado que la independencia del poder judicial está cuestionada y que todo genera "un efecto paralizante que disuade a la sociedad civil para ejercer sus derechos".

Polémica por la lista terrorista de la Europol

Esta intervención de Òmnium ante la ONU tiene lugar al día siguiente que se supiera que España consiguió incluir el independentismo catalán y vasco en una lista terrorista de la Europol. Todo gracias a la intervención del director ejecutivo de la policía europea, Jean-Philippe Lecouffe, en el comité de Libertades del Parlamento Europeo —donde reconoció que son los estados miembros los que les notifican los "datos". Preguntado por la eurodiputada de ERC Diana Riba, Lecouffe ha explicado que la información la ha aportado el Estado (en este caso, el español) y que ellos se limitan a comprobar que esta información sea "fehaciente". "Nosotros no tenemos que calificar los hechos", se ha excusado. Todo, justo cuando la Fiscalía ha pedido juzgar por terrorismo a los 12 CDR de la Operación Judas.

En un informe sobre la situación del terrorismo en la Unión Europea, la Europol ha incluido tanto el independentismo catalán como vasco como los "más activos y violentos" en el estado español. En este sentido, la policía europea ha apuntado que estos movimientos "combinan separatismo con visiones extremistas de izquierda" y "mensajes contra el estado español y las instituciones, así como contra el capitalismo". "Las luchas sociales y económicas están siendo utilizadas por estos grupos en sus mensajes contra el estado español, también como oportunidad para reclutar los sectores más desfavorecidos de la sociedad", se lee en el documento. Los "grupos separatistas en España" están en el mismo grupo que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y los grupos de republicanos disidentes de Irlanda del Norte. Eso sí, ninguna advertencia sobre el auge de la extrema derecha en el Estado.