—Aquí lo que queremos es un referéndum. Si tú admites la posibilidad del referéndum, nosotros te ayudaremos; nos podemos entender.

—Pero, si se hiciera, debería votar toda España.

—Nosotros aceptaríamos que el referéndum se hiciera en toda España, pero tú tendrías que aceptar que el resultado de Catalunya fuera vinculante.

—Pero es que la independencia no se puede votar. [...] ¿Pondríais a votación de la gente nuestra oferta, si la hiciésemos, o también el referéndum?

—Las dos cosas, claro. Aceptar vuestra oferta o hacer un referéndum: esto es lo que podríamos votar.

15 de marzo de 2016. El entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibe al jefe de la oposición español, Pedro Sánchez, en Palau. Durante la reunión entre ambos líderes, se habla de múltiples temas: reforma de la Constitución, un nuevo Estatut... y un referéndum. Según expone años más tarde en su libro M'explico: de la investidura a l'exili (La Campana, 2020), escrito con la ayuda del periodista Xevi Xirgo, Puigdemont consigue situar a Sánchez en aquel encuentro en la eventual pantalla de una consulta. Pero el tiempo transcurrió y el conflicto entre Catalunya y el Estado se acentuó con la aplicación del artículo 155, encarcelamientos, exilio y miles de encausados. Y eso cerró (más) en banda al PP y al PSOE en contra de un referéndum de autodeterminación, ya que han exhibido su reiterada negativa a plantear esta votación día sí y día también.

Años más tarde, el destino es caprichoso y ha hecho que la llave para que Pedro Sánchez pueda revalidar la presidencia del Gobierno la tenga Carles Puigdemont, del cual no ha querido saber casi nada a lo largo de los seis años de exilio e incluso ha llegado a prometer que lo llevaría a España para que fuera juzgado y encarcelado. Con todo, la estabilidad del gobierno socialista ha estado en manos de los partidos independentistas, y eso también ha empujado a Pedro Sánchez en la dirección de hacer movimientos. Uno de estos fueron los indultos. Desde las elecciones del 23 de julio, ha habido más: catalán en el Congreso de los Diputados, petición de oficialidad de la lengua en el marco de las instituciones europeas, petición a la Europol para dejar de vincular independentismo con terrorismo o comisiones de investigación por el Catalangate y por los atentados del 17-A. Esto permitió llegar a un acuerdo para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados.

Para llegar a la siguiente pantalla —la investidura de un Gobierno—, el president en el exilio, Carles Puigdemont, dejó claras sus condiciones en una conferencia el pasado 5 de septiembre. Unas condiciones, por cierto, para un acuerdo que tiene que ser "histórico como el que ningún régimen ni Gobierno no ha sido capaz de hacer realidad desde 1714". La primera es el reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática del independentismo; seguida del establecimiento como únicos límites aquellos que son definidos por los acuerdos y tratados internacionales referentes a los derechos humanos y libertades fundamentales, el impulso de un mecanismo de mediación y de verificación que "aporte las garantías de cumplimiento y seguimiento" de los acuerdos; y el abandono "completo, permanente y efectivo" de la vía judicial contra el independentismo —es decir, una ley de amnistía—. Puigdemont advertía en esta misma exposición de condiciones: "Son previas que se tienen que poder cumplir antes que no se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones, y que si se dan, nos comprometen y nos obligan a trabajar por un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la próxima legislatura".

Ahí está la madre del cordero y supone una batalla por el relato y justificación en medio de estas negociaciones: el independentismo ha remarcado que con la amnistía no es suficiente y que supone un punto de inflexión, un punto de partida para abordar con profundidad la resolución del conflicto político con el Estado. Asimismo lo verbalizó Puigdemont en la conferencia de septiembre, situando el referéndum en la pantalla posterior al cumplimiento de las cuatro condiciones antes mencionadas: "Aquello determinante es el reconocimiento nacional de Catalunya, y por lo tanto de su derecho a la autodeterminación". Ahora bien, el PSOE —que todavía no ha señalado públicamente, de una manera clara, su posición sobre la amnistía— insiste en que ahora es el momento para poner fin al conflicto. Todo apunta que aceptan la amnistía, pero la quieren como punto final acompañada de la renuncia a la vía unilateral. En las discrepancias sobre si esto tiene que ser un punto de inicio para, posteriormente, entrar en negociaciones sobre el fondo del conflicto y que la autodeterminación cierna sobre el terreno de estas, surge la siguiente duda (teniendo en consideración lo que pasó en el encuentro Puigdemont-Sánchez de 2016): ¿qué posibilidades hay para que un Gobierno se abra a hablar de un referéndum? ¿Cómo marcará eso las negociaciones por la investidura?

El PP y el PSOE, anclados en el 'no' al referéndum

"Si yo cediera lo mismo que usted [dirigiéndose a Pedro Sánchez], sería presidente". Esta frase la pronunció Alberto Núñez Feijóo en el primer debate de su investidura fallida. Es una afirmación que aclara —más— el papel clave que tiene el independentismo en este escenario postelectoral del 23J. Los populares y los socialistas coinciden en una cosa: ambos dicen que todo lo que puedan acordar siempre será en el marco de la Constitución. Para los primeros, sin embargo, la amnistía no lo es; mientras que para los segundos —aunque hace dos años no era así— puede tener cabida. Y en lo que vuelven a entenderse es en el derecho a la autodeterminación: para ambos, es inconcebible e ilegal.

No obstante, y recordando de nuevo que la estabilidad parlamentaria pasa por los partidos catalanes, ¿puede haber un cambio de opinión en este aspecto? Hoy por hoy, tanto el PSOE como el PSC se han apresurado a situar la autodeterminación como una línea roja infranqueable. La propuesta de resolución aprobada en el Parlament a finales de septiembre —se han aprobado muchas sobre esta cuestión en los últimos años— donde ERC y Junts se comprometían a no investir a ningún presidente español que no trabaje para "hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum" enfureció a los socialistas.

En conversación con ElNacional.cat, y preguntado por la posibilidad de que se pueda hablar de autodeterminación con el ejecutivo estatal, el politólogo Lluís Orriols lo ve muy complicado: "La amnistía es de suficiente entidad, difícil de digerir para parte del electorado del PSOE, y añadir un elemento más haría que los costes electorales fueran excesivamente elevados para los socialistas". En este sentido, Orriols ve más que el PSOE presente la amnistía como una medida "deseable" y que se tiene que hacer por la "reconciliación" y la "convivencia", planteándolo como punto final: "Hay dos argumentos en esta cuestión, los morales y los instrumentales. Desde la perspectiva instrumental o funcional, el PSOE tiene recorrido para justificar la amnistía diciendo que lo hace para que haya legislatura, para evitar una repetición electoral, para evitar un Gobierno con Vox o para ampliar políticas sociales". "En la discusión moral, el PP tiene ventaja competitiva diciendo que es inmoral; y para el PSOE la argumentación más eficaz es la instrumental", señala el doctor en Ciencia Política. En cambio, en el caso del referéndum considera que es más difícil que "la argumentación funcional" pueda encajar: "Tocar la integridad del país puede hacer que las argumentaciones funcionales de los avances sociales y de una legislatura no sean suficientes", expone. De hecho, Orriols tiene claro: "Si se pone encima de la mesa el referéndum ahora, habrá nuevas elecciones".

El politólogo y profesor de la Universitat Pompeu Fabra, Toni Rodon, también asevera que la probabilidad de que Pedro Sánchez y el PSOE acepten un referéndum que decida el estatus territorial "de manera directa o indirecta" es "muy baja" y "tiende a cero". "Ellos mismos lo dicen y nada hace pensar que las cosas pueden cambiar", añade.

El independentismo lo tiene claro: amnistía como punto de inicio para llegar a un referéndum

Tanto Junts como Esquerra Republicana y la CUP coinciden en el hecho de que la ley de amnistía tiene que ser el punto de inicio para la resolución del conflicto político con el Estado. Una resolución que, a su entender, tiene que tener en la autodeterminación una de las piedras angulares. El que fue presidente de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1 de octubre, Jordi Matas, es contundente y subraya que la amnistía solo tiene que ser la condición para "empezar a hablar". En esta línea, alerta de una "estrategia" para generar una "determinada" opinión pública presentando la amnistía como si fuera una "grandísima concesión" para que no se pidan más cosas. Por eso, el catedrático en Ciencia Política de la Universitat de Barcelona destaca que el debate sobre la autodeterminación "no se tiene que aparcar" porque, en caso contrario, sería un "fraude extraordinario por todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora".

Matas defiende que no se trata de una "investidura cualquiera", sino que hay que situarse en el marco de un "acuerdo histórico" que no tiene que ser "el traspaso de Rodalies ni ningún eufemismo o subterfugio para hablar de la autodeterminación". "Tiene que ser firme, un acuerdo nunca visto y que implique un progreso para el movimiento independentista", añade el catedrático, todavía imputado por la causa del 1-O. Por eso, insiste en el hecho de no caer en un "error garrafal y descomunal" si se considera la amnistía como "el único objeto" para la investidura. De hecho, en opinión de Jordi Matas, la amnistía también sería "fácil de justificar" para el PP. Salvando las distancias y diferencias, el profesor universitario recuerda que se justificaron las negociaciones con ETA y se reunían "donde hiciera falta" para hacerlo. "Es empezar de cero, no de más 1, es el punto de inicio", apunta.

El papel del mediador y una fórmula intermedia

Dadas las posiciones enconadas en esta materia y la falta de confianza mutua, Puigdemont reclamaba el 5 de septiembre la creación del mecanismo de mediación y verificación para tener garantías de cumplimiento de los acuerdos y para que opere en el marco de las negociaciones para resolver el conflicto: "Sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con este mecanismo", indicaba el president en el exilio. El politólogo y conflictólogo Xavier Pastor explica en ElNacional.cat que, en un sentido más estricto, para que exista la entrada de un proceso de mediación, hace falta violencia, según lo que establecen los organismos internacionales. Ahora bien, eso no exime que pueda haber una figura de mediación, ya que puede ser "alguien de una fundación privada que se dedique a esto", tal como pasó en el proceso de Irlanda del Norte o con ETA, cuando intervino en este rol mediador una organización suiza.

Cabe destacar que este es otro de los puntos donde el PSOE se muestra escéptico, sobre todo ante el hecho de que sea alguien del ámbito internacional. En este caso, si es alguien del país, Pastor hace referencia a la comediación: "Si es alguien del país, tendrá que haber dos. Si el mediador es catalán, habrá una parte que puede pensar, por desconocimiento, que llevará el acuerdo hacia un lado y que no será neutral". En paralelo, del lado socialista a menudo se ha hecho referencia a otros términos como 'facilitador' o 'relator' para esquivar la palabra 'mediador'. El director del posgrado de la Resolución de Conflictos Públicos que imparte la Universitat de Girona detalla las diferencias entre facilitador (escenario que ve más plausible) y mediador: "Los facilitadores entran en el contenido de la negociación y en el cómo tiene que ser el proceso, pueden ser de los partidos y personas reconocidas; mientras que el mediador puede apuntar cómo cree tiene que ser el proceso, pero no entra en el contenido".

En este espacio, ¿hay margen para una fórmula intermedia? El lunes, en una entrevista en el diario, el portavoz del Consell de la República, Toni Castellà, situaba el "reconocimiento de la soberanía" de Catalunya como una condición para la investidura. Así pues, ¿reconocer a Catalunya como nación puede ser un avance aceptable? El politólogo Toni Rodon afirma que "reconocer como nación una parte del territorio no quiere decir que tengan derecho a la autodeterminación, en todo caso se avanza hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado". "En el caso de Escocia, está reconocida como nación, pero con todo tuvo que llegar a un pacto para hacer un referéndum", indica. Para poder tenerlo, Rodon sostiene que se tiene que ser una colonia o que la Constitución explicite este derecho, como lo hace Etiopía. Con todo, es un escenario que ve muy complicado, porque implicaría una reforma constitucional por la cual se requiere al PP. No obstante, el profesor de la UPF sí que ve margen para el "reconocimiento de la plurinacionalidad" y una consulta sobre un acuerdo político entre las dos partes.

Por su parte, Lluís Orriols expone que "en la última década, el movimiento independentista se ha estructurado en un discurso de corte más democrático, basado en un colectivo favorable al derecho a decidir", mientras que se ha alejado del "argumento más nacionalista, que es defender el derecho a ser un estado en tanto que nación". "No sería una línea roja tan contundente reconocer a Catalunya como nación como un referéndum, pero también depende de dónde se ponga: si está en el Estatut, es más fácil; si está en la Constitución, más difícil", asevera. Desde el punto de vista de Xavier Pastor, es factible que pueda haber un acuerdo sobre una "consulta" —"sin utilizar nunca la palabra referéndum"— que pueda satisfacer a las dos partes.

—Si tú eres atrevido con el referéndum, te ayudaremos. Y, además, ten en cuenta que la comunidad internacional te aplaudirá, tendrás apoyo internacional y liderazgo. [...] Tienes que salir de tu zona de confort.

La partida continúa. El reloj de arena va corriendo hasta el 27 de noviembre.