La maquinaria judicial por el referéndum no sólo se ha activado desde el Estado español. A medida que la escalada de presión ha ido aumentando para intentar detener la votación del 1-O contra sus máximos responsables, desde Catalunya también se han activado todos los mecanismos de defensa a nivel judicial, no sólo para asegurar que se pueda votar, sino para garantizar que el referéndum de autodeterminación sea válido y vinculante.

Para que el Estado español y toda su máquina judicial, encabezada por el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado, no puedan detener el referéndum, se ha diseñado un marco general con un bloque de herramientas jurídicas para todos los investigados y para cada uno de los casos que lleguen a los tribunales y que estén vinculados, de una manera u otra, al proceso independentista.

Este nuevo marco se basa en que el derecho europeo prevalece y tiene efectos directos por encima del español y que se trata de normas superiores a la Constitución Española.

Para empezar la línea judicial en Europa, ERC ha puesto en marcha un equipo jurídico encabezado por el abogado Josep Jové que está a disposición de todos los letrados de los miembros del Govern de la Generalitat, el Parlament, alcaldes, concejales y entidades encausadas a consecuencia del procés.

Jové es quien llevó a Europa el canon digital, el céntimo sanitario y las cláusulas suelo, ganando el pulso al Estado español.

El equipo jurídico sigue las directrices del partido Pirata y por este motivo todos los dictámenes que se hagan son totalmente públicos y están al alcance de cualquier persona, cargo electo o partido que tenga que hacer uso para establecer su estrategia judicial ante la ofensiva del Estado español.

Los tribunales europeos entran en juego

Para detener la ofensiva del Estado, lo que buscan los abogados es que los jueces pregunten a los tribunales europeos si es competencia suya investigar los casos que afectan a cargos electos, en este caso concreto, al president Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y todos los diputados, alcaldes y concejales investigados.

Los magistrados catalanes y españoles no están obligados a posicionarse en una primera instancia, pero en una segunda sí, y tienen la obligación de dirigirse al Tribunal para preguntar si es el derecho comunitario europeo el que tiene las competencias. Si la respuesta es afirmativa, ningún juez puede investigar los cargos electos y legitima a los cargos electos en sus decisiones. En todas. También las que afectan al referéndum y todo el proceso soberanista.

Para que eso sea posible, el equipo de juristas experto en derecho europeo está elaborando varios dictámenes. El primero, al cual ha tenido acceso El Nacional, pone sobre la mesa el Tratado de Lisboa, del cual destaca la conclusión que "de los pilares del Estado clásicos, en poco tiempo han desaparecido conceptos y valores finos ahora tan sólidos como: frontera, ejército, impuestos, política económica y fiscal o moneda. Otros están en camino de uniformar, previa cesión a la UE de competencias y soberanía, sometidos a profunda revisión y uniformización comunitaria como el Derecho, la policía, la propiedad, los procedimientos civiles, penales y administrativos o las relaciones laborales".

En este sentido, el informe destaca que "si estos pilares han desaparecido, quiere decir que afirmar que la Constitución ampara o regula un tema ya cedido en su soberanía a la UE, es del todo absurdo. Y utilizar elementos punitivos, más allá de la competencia delegada recibida por parte de la UE, por haber cedido esta soberanía, es ilógico".

El equipo de Jové dice textualmente: "En este momento más del 85% de nuestra vida se regula y se legisla desde la Unión Europea. Eso quiere decir que el 85% de aquello que consideramos normal en nuestras vidas, con sus derechos y deberes, ya no depende del Estado español, pues ya no es soberano en esta parte".

El dictamen deja vacía la Constitución para actuar sobre los gobernantes catalanes porque las competencias están delegadas a la Comunidad Europea. Los juristas buscan que los jueces de la UE se posicionen en este sentido y que, ya no sólo antes del 1 de octubre, sino después, todas las acciones de los cargos electos catalanes hacia el referéndum sean legítimas y, por lo tanto, legales.

Según una de las conclusiones: "en la jurisprudencia del TJUE, sin ningún tipo de duda, podemos afirmar que las normas constitucionales de cualquiera de las constituciones de los diferentes estados miembros no pueden prevalecer sobre el derecho comunitario ni afectar a su eficacia dentro de todo el territorio de la Unión Europea".

La norma protege al president Puigdemont, la presidenta Forcadell, los miembros de la Mesa del Parlament, diputados, alcaldes y concejales y a la vez da plena validez al referéndum de autodeterminación.

Lee aquí íntegramente el dictamen