Sesgada, interesada, arbitraria, manifiestamente ilegal. El recurso de la defensa de Carles Puigdemont contra la resolución del Tribunal de Cuentas en que se rechazan los avales del ICF para cubrir las fianzas de los altos cargos encausados no ahorra los reproches y acusaciones contra la delegada instructora, Esperanza García. Es más, advierte que se le exigirán responsabilidades por esta actuación en otra jurisdicción.

La defensa de Puigdemont, que pide al Tribunal que revoque la decisión de la instructora de rechazar los avales, advierte que "toda la reflexión —por llamarle de alguna forma— recogida en la resolución falta de fundamento" y provoca "indefensión gravísima" a aquellas personas que, en cumplimiento de la ley, aportan estos avales.

El recurso, que firma el abogado Gonzalo Boye, responsabiliza a la delegada de hacer una lectura manifiestamente arbitraria, contraria a derecho, al margen de la legalidad y sesgada del decreto de creación de los Fondos Complementario de Riesgos con que se cubren las fianzas de los trabajadores públicos, y acusa a la instructora de obviar las partes del texto que no le interesan.

Ante las afirmaciones de la instructora en el sentido que el Fondo Complementario de Riesgos no incluye de manera expresa responsabilidad por dolo o culpa grave, recuerda que el objetivo del decreto es proteger a trabajadores públicos que en ejercicio de su cargo ven afectado su patrimonio por procedimientos que no hayan concluido en sentencia firme, como es el caso.

Contradice la normativa vigente

Como también ha hecho el Gabinete Jurídico de la Generalitat en su recurso, la defensa de Puigdemont se muestra sorprendida "sobremanera" que se quiera dar el protagonismo a la atribución de culpa para "encajar una resolución que no puede ser calificada más que de arbitraria, ilegal y causante de indefensión, dado que contradice abiertamente la normativa vigente".

Subraya que los avales son válidos y legales y denuncia que la delegada instructora contraviene de manera arbitraria y manifiesta su contenido, a pesar de ser una norma con rango de ley autonómica.

Señala detrás del expediente de la delegada un propósito de esquilmar, prescindiendo de las normas de aplicación, pero también del procedimiento legal, y excediendo sus capacidades ha actuado de manera abiertamente contraria a derecho.

Busca proyección mediática

No sólo eso, el texto acusa a la instructora de haber obviado el procedimiento legal que está obligada a seguir si consideraba que los avales no eran válidos, y lo atribuye a razones "obvias": "Habría ralentizado el procedimiento e impedido la actividad mediática generada a partir de la publicación de la resolución aquí apelada".

En el recurso se denuncia que estas resolución arbitraria no es un hecho aislado, sino "una sistemática seguida en el presente procedimiento y que no se puede ni se tiene que permitir si queremos seguir moviéndonos dentro del marco de un estado democrático y de derecho" por lo cual anuncia acciones en contra en otras jurisdicciones.

Perjuicios irreparables

Finalmente, denuncia que la delegada no sólo rechaza de manera indebida e ilegal los avales que se han presentado en "l'escasísimo plazo concedido" sino que además concluye que ha pasado el plazo y procede el embargo.

La defensa de Puigdemont se declara sorprendida por el nivel a que llega la delegada y advierte que la competencia de la instructora, según la norma del Tribunal de Cuentas, no incluye el embargo en cualquier circunstancia sino cuando no se han asegurado las cantidades reclamadas, un aseguramiento que en el presente caso estaba hecho, remacha, por lo cual si no estaba de acuerdo tendría que haber recurrido a otro procedimiento de la ley del Tribunal de Cuentas.

"En todo caso, parece evidente que acordar el embargo de los bienes y derechos de unas personas mientras se decide sobre la validez de los avales aportados implica, necesariamente, la causación de perjuicios irreparables cuando, como en este caso, se está pidiendo cantidades elevadísimas", concluye.

 

En la imagen principal, el president Carles Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye