La familia de Gustau Muñoz, el joven de 16 años comunista e independentista asesinado por la policía franquista la Diada de 1978 en Barcelona, ha presentado un escrito en el que reclama la reapertura de la investigación de su crimen en el juzgado de instrucción 6 de Barcelona, que dictó el sobreseimiento provisional del caso el 13 de octubre de 1983. El abogado Benet Salellas es quien firma este reclamo judicial, en el cual detalla que hay "nuevos elementos de prueba" que no constaban en la causa inicial, argumento legal que permite la reapertura, según el escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat. También expone que el asesinato de Muñoz es un delito de lesa humanidad, ya que el franquismo perseguía a los opositores, y, por lo tanto, es un delito que no prescribe, según los mandatos internacionales.
Añade que el asesinato de Muñoz se produce durante la llamada Transición, y es posterior a la ley de amnistía de 1977, y en consecuencia el esclarecimiento de su crimen no se debe archivar como ocurre en la mayoría de los crímenes franquistas. Además, el asesinato del joven barcelonés es antes de la aprobación de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, límite marcado por la ley de memoria democrática española de 2022 para investigar y reparar a las víctimas de los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo.
Dos policías sospechosos
La denuncia se dirige contra dos policías franquistas, sospechosos de matar a Muñoz, pero que solo declararon como testigos a la policía y admitieron haber disparado contra los concentrados en la Diada de 1978. Son: Francisco Martínez Menéndez, que era miembro de la Dirección General de Seguridad y actualmente vive en Madrid, y José Luis Varela Miras, que vive en Santiago de Compostela y era inspector del Cuerpo General de la Policía, adscrito a la Brigada Regional de Seguridad y Orden Público. En el escrito, se pide al juzgado que se les cite a declarar como investigados, ya que nunca lo hicieron.
Presentación en un acto público
El penalista Benet Salellas, junto con el hermano de Gustau, Marc Muñoz, Cristina Farré y el abogado de Rosario Santiago Bereciartua presentarán los detalles de esta iniciativa judicial este viernes a las 7 de la tarde en el Ateneu Barcelonès.
Gustau Muñoz fue disparado por la espalda cuando corría por la calle Ferra de Barcelona; la policía dispersaba a los manifestantes disparando fuego real, como uno de los agentes admitió en la investigación policial, diciendo que "disparaba a la parte inferior" de los ciudadanos, aunque hubo heridos en brazos y espalda. "En el momento de los hechos, el 11 de septiembre de 1978, el Reino de España ya tenía la obligación de respetar los derechos fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales", se recuerda en el escrito, como un elemento más para que ni la Fiscalía ni la Justicia usen el argumento de la falta de estos convenios para apoyar su archivo definitivo.
Cartel de la presentación de la nueva acción judicial
La querella argentina, el precedente
Procesalmente, Salellas explica que la causa se puede reabrir porque no hubo ninguna imputación de los dos policías sospechosos. El crimen de Gustau Muñoz se incluyó en la conocida querella argentina, donde una magistrada de este país aceptó investigar los crímenes del franquismo que no querían hacer los juzgados españoles.
La instrucción hecha por la magistrada María Romilda Servini es uno de los nuevos elementos que se exponen para reclamar la reapertura del caso en los juzgados españoles y ante el nuevo contexto legal actual, con la ley de memoria democrática. La jueza Servini vio indicios criminales contra los agentes Martínez, personado en la causa, y Varela, pero la justicia española denegó la comisión rogatoria para que declararan.
En concreto, se detalla que el 11 de junio de 2018, la sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa CFP 4591/2010/8/CFC1 acordó incluir en la causa el asesinato de Gustau Muñoz como un caso de crimen de lesa humanidad. Tomó declaración testifical al hermano de la víctima, quien también estaba presente en la manifestación donde resultó asesinada la víctima, Marc Aureli Muñoz de Bustillo, y también el análisis de la documental aportada con la querella, que contenía las declaraciones de Jesús Pelegrín Parrondo, Mireia Goula Iglesias, Lourdes Checa, Juan Mimbrero Candalija, Sergio Rabinad Vall y de Òscar Domènech, que también fueron testigos de los hechos, y no declararon en el juzgado. Se aportan más testigos vivos de los hechos de 1978 y de como manipularon el cuerpo de Gustau, que han hecho una reciente declaración notarial.
Por otro lado, se añade que el 20 de marzo de 2021 se publicó el documental Gustau, la Transició al descobert, dirigido y producido por Jaume Domènech i Barcons, que es el resultado de una exhaustiva investigación periodística. Finalmente, el abogado detalla que también ha tenido acceso al informe del Gobierno Civil de Barcelona "Asunto: Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego", de 6 de octubre de 1978, que se adjunta como documento. También recuerda que el Gobierno acaba de reconocer que Gustau fue víctima del franquismo y su madre será indemnizada.
Sallellas concluye que "estas tres fuentes de información no estaban disponibles durante la instrucción de esta causa a consecuencia de la situación política e institucional del momento". Y añade: "Solo décadas después, gracias a la investigación desarrollada por las autoridades judiciales argentinas, a la labor de investigación periodística y documental impulsada por particulares y a la progresiva desclasificación y localización de documentación oficial, ha sido posible reunir un conjunto de informaciones que contribuyen significativamente al esclarecimiento de los hechos y a la delimitación del contexto". Por todo ello, pide la reapertura de la investigación del asesinato de Gustau Muñoz y llevar a sus verdugos ante la justicia.
Paralelamente, con los esfuerzos de la familia y militantes, finalmente se ha conseguido que Gustau Muñoz vuelva a tener una placa oficial en Barcelona.