Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno del PP de José María Aznar, ha presentado un recurso de reforma ante el titular del juzgado de instrucción 2 de Tarragona para que lo admita como acusación particular contra el exministro del PP Cristóbal Montoro, con quien acabó enfrentado, en la causa abierta contra él y su equipo en el Ministerio Hacienda por supuestamente haber cobrado de empresas gasistas para hacer reformas legislativas. El juez Rubén Rus rechazó la personación de Rato, al considerar que los correos electrónicos, con sus datos fiscales que cargos de Hacienda habrían enviado al ministro "no tiene relevancia penal", y que Montoro estaría habilitado al ser el máximo responsable de Hacienda, además de acotar el caso a la operación de las gasistas. Por el contrario, Rato sostiene que la acción de Montoro y su equipo es "palmariamente delictiva", de revelación de secretos, porque la normativa tributaria ordena el principio de sigilo y confidencialidad
"Por descontado que un Ministro de Hacienda tiene responsabilidad política para orientar la actuación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), sin embargo, no tiene facultad ni derecho a conocer en ejercicio de sus competencias la identidad concreta del contribuyente, ni los datos, ni informes fiscales", manifiesta la penalista Maria Saló, del despacho Martell Abogados, que ha presentado el recurso en nombre de Rato este viernes, y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. La penalista, en el escrito, expone que el magistrado de Tarragona confunde la competencia "orgánica", del cargo de Montoro, de la "funcional", que rige la Ley General Tributaria, la cual deja claro que solo el funcionario que tramita un expediente lo puede conocer. "El Ministro de Hacienda no tiene competencia en materia de comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria", insiste en el recurso, y añade que las excepciones recogidas por la ley -como cooperación entre organismos- no incluye al cargo político.
Los implicados
En la investigación, el magistrado de Tarragona exigió los correos electrónicos del ministerio, para ver el vínculo de Equipo Económico, despacho fundado por Montoro, y con el cual se habrían derivado los pagos de las gasistas al político. En el volcado, se descubrió que Montoro recibió datos fiscales de compañeros de partido, rivales políticos y famosos, incluido de la familia Pujol Ferrusola. En su resolución que rechaza la personación de Rato, el magistrado desveló que fue una Junta de Fiscales de 2023, la que descartó que se investigaran estos correos con datos fiscales secretos, hecho que provocó un choque de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, que quería investigarlos frente a la negativa de su superior, Alejandro Luzón, que le dio carpetazo.
En este grupo, hay correos electrónicos del 2014 que hacían referencia a Rato, enviados al ministro por Felipe Martínez Rico, mano derecha de Montoro, y por Santiago Menéndez, director general AEAT del 2013 al 2018, que están imputados en la causa. Para la abogada de Rato, Martínez y Menéndez también cometieron el delito de revelación de secretos, como el exministro."De su lectura resulta inequívoco que la fuente de los datos informados y a los que accede el ministro son datos de trascendencia tributaria cuya fuente es la AEAT y evidencia, por demás, que la información tienen un carácter periódico, continuado y lineal", expone Saló, que añade: "La existencia y circulación de dicha información fuera de los estrictos cauces legalmente previstos suponen vulneración del deber de sigilo funcional y del principio de confidencialidad tributaria -secreto- establecido en el marco normativo de la Ley general Tributaria y el Reglamento de Inspección." Una década después, Rato fue condenado por fraude fiscal.
La penalista también rebate al juez de Tarragona, que los datos fiscales del exministro de Economía "sí que estaban guardadas en fichas o archivos", como exige el tipo delictivo.
Montoro "no rechaza la información"
Los dos excargos de Hacienda, según la acusación, cometieron revelación de secretos porque no eran los responsables del expediente tributario, pero el exministro, a parecer suyo, también. "El Ministro, al recibir el correo, accede al dato y no consta que lo rechazara ni instara la persecución penal de quien paladinamente le vehiculaba un dato reservado den cesión ilegítima", manifiesta en el recurso."Consentir la recepción de los correos", según Saló, se puede calificar de "cooperación necesaria en la comisión por omisión por no haber ejercido los deberes legales que lo concernían de evitar que se le suministrara una información cuando era evidente que no podía recibirla", razona la acusación de Rato.
Por todo esto, Rato pide al juez de Tarragona que amplíe la investigación inicial y "por conexidad" investigue al exministro Montoro y los excàrrecs de Hacienda por revelación de secretos.