"Nosotros no podemos hacer nada si se ponen cajas de cartón en la plaza de Peretallada y la gente va a votar, pero eso no es un referéndum" decía un alto cargo de la dirección del Partido Popular este lunes en Génova 13, asumiendo por primera vez desde el partido de Mariano Rajoy la hipótesis de que se repitiera un simulacro de 9-N –a pesar de la negativa y pánico de la Moncloa a esta posibilidad. "Es que si la CUP quiere montar una butifarrada, no tendrá ningún tipo de garantía", salía del paso un miembro del Gobierno, asegurando que en tal caso ni sería necesario enviar a las fuerzas de seguridad. "Sin embargo, ¿y si a pesar de todo ello, participan tres millones de personas el 1-O"? le increpaba un periodista en los pasillos. El primer interlocutor se quedaba en jaque.

Con las querellas de la Fiscalía en marcha a miembros de Govern y las advertencias a los alcaldes –que previsiblemente serán desobedecidas–, el Ejecutivo hace días dirige sus esfuerzos a romper la cadena de montaje del 1 de octubre de modo que se convierta en un referéndum residual. "Es como dividirlo en trocitos" –intentando laminar cada parte– reconocía un ministro de Rajoy en una conversación informal hace unos días, antes de que empezara la campaña por el sí y una serie de acciones se desencadenasen desde varias instituciones del Estado.

Ante el silencio del PSOE, Podemos ha encontrado una oportunidad para aprovechar el 1-O y liderar una protesta social en todo el Estado, contra el PP

Interceptar urnas, requisar los carteles publicitarios, hacerse con las papeletas, disuadir a los voluntarios de colaborar –a través de extender el temor sobre su responsabilidad legal–, perseguir el censo, intervenir las cuentas de la Generalitat para dejarla sin presupuesto, amenazar con multas al patrimonio de los representantes políticos, o llamar a los ediles a declarar son algunas de las acciones encaminadas a este propósito, donde el objetivo último es dejar el referéndum desprovisto de garantías, tal que no se llegue a celebrar, o que el día 2-O la Generalitat no pueda avalar su resultado.

La cuestión es que algunas de estas acciones –como las relativas al campo de la libertad de expresión– empiezan a generar malestar en determinados ámbitos de la sociedad española, que fisuran el discurso monolítico de PP, PSOE y Ciudadanos, relativo a que todo vale en los 11 días que quedan para impedir el referéndum. Es ante el silencio de los socialistas, donde Podemos ha encontrado una ventana de oportunidad para ampliar el 1-O a modo de protesta hacia el resto del Estado –como muestra de rechazo al PP.

La constatación se produjo este domingo en Madrid, donde la izquierda catalana y española se aliaron para denunciar la "deriva autoritaria" del Estado, ante la prohibición del juez José Yusty de celebrar el acto por el derecho a decidir, y en medio de los registros de Policía y Guardia Civil en Catalunya. Y al día siguiente, redobló en el Congreso, donde Pablo Iglesias propuso una reunión entre alcaldes y diputados de todos los parlamentos autonómicos y locales para instar a pactar el referéndum, algo descartado ipso facto por el PP.

El hecho es que los populares miran a otro lado, tanto en público como en privado. El portavoz de comunicación, Pablo Casado, se devolvió en contra del discurso "victimista" del independentismo: dijo que no era el Estado a quien reprimía, sino que había "mucha gente que quiere ser protegida por la ley", negando una presunta regresión de libertades en Catalunya. "Algunos dirán que por qué me mira la policía dentro del bolso y otros dirán que me lo miran poco", exponía una fuente de la dirección del PP sobre la percepción de la acción de los cuerpos de seguridad.

Así y todo, en la Moncloa sí reconocen que el envite judicial a la campaña por el sí tendrá consecuencias, como explicaba este domingo El Nacional. "La Generalitat está buscando arrastrar a los ciudadanos y crear una protesta social. Estamos intentando evitar eso, nuestra prioridad es impedir el referéndum con garantía de proporcionalidad, inteligencia y prudencia," decía una fuente en una conversación informal, asumiendo el calentamiento de algunos ciudadanos –preparándose para la revuelta social.

Así las cosas, la semana pasa mientras Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía ponen el territorio boca a bajo sin que aparezan las urnas ni las papeletas, algo que promete un nuevo envite judicial. Pero ¿Y si a pesar de que Rajoy consiguiese provocar un referéndum residual, el 1-O participasen tres millones de personas con cajas bien organizadas en las calles de Catalunya y Podemos consiguiera extender el malestar aparte del Estado? Habría empezado la batalla por el relato y el poder.