Mariano Rajoy asiste a la impugnación de parte de la obra de la mayoría absoluta del Partido Popular (2011-2015), buscando vías para impedirlo, en medio de la cruda batalla que mantiene con Ciudadanos por las elecciones municipales y estatales. Albert Rivera facilitó el martes el desbloqueo en la Mesa del Congreso de la derogación de insignias del PP como la ley mordaza, la LOMCE o la prisión permanente revisable, en el marco de la etapa de ruptura de relaciones con el Ejecutivo. Los populares buscan ahora contrarrestar la ofensiva proponiendo una batería de enmiendas.

Un ejemplo paradigmático es la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por sus detractores. Esta fue instada a derogar en marzo del 2017 en la cámara baja, tras una proposición de ley del PSOE y una del PNV para introducir determinadas modificaciones en 44 artículos del texto. Frente a eso, el PP se abrió este miércoles a "introducir cambios razonables", según el portavoz de Interior José Alberto Martín-Toledano, quien presentó enmiendas en la línea de mantener esta legislación, muy polémica desde sus inicios.

Por una parte, Toledano criticó que se habían dicho "muchas mentiras" al respecto y argumentó que la norma no había supuesto "ni controles masivos" a la ciudadanía, ni se había recortado el derecho de manifestación. Pero la izquierda española no piensa igual. La portavoz socialista Margarita Robles vinculó la semana anterior el "retroceso de derechos y libertades" –que observaba con la retirada de obras en ARCO, o la condena al cantante Valtònyc, y el 'secuestro' del libro Fariña– a la introducción de esa ley en el ordenamiento a manos del PP, tal como también hizo Podemos.

La cuestión es que la formación morada fue un paso más allá y el portavoz Rafael Mayoral aseguró que derogar la 'ley mordaza' era el "primer paso", de otras iniciativas para "reforzar las libertades públicas" en España, como podría ser suprimir el delito de injurias a la Corona –uno de los cuales se ha aplicado al cantante de rap catalán por el contenido de sus letras y alusiones a la monarquía. "Hay que hacerlo no tanto desde la perspectiva de la seguridad ciudadana sino desde la protección de las libertades públicas ante la arbitrariedad del Estado", zanjó Mayoral.

En segundo lugar, los populares defendieron este miércoles la limitación de la justicia universal de la etapa de Alberto Ruiz Gallardón (2014), frente a la derogación que planteó ERC al Congreso. La portavoz de Justicia María Jesús Moro denunció que suprimir totalmente esa ley provocaría "desajustes" en el ordenamiento. Por eso, la enmienda alternativa del PP plantea mantener la normativa en vigor, e incluso "mejorarla" en temas puntuales como la jurisdicción en casos de defensa del medio ambiente y del ecosistema, o el blanqueo de capitales, según el texto.

En último término, se encontrarían leyes de actualidad, como es el caso de la LOMCE y la prisión permanente revisable. La primera, conocida coloquialmente como ley Wert, recibió un revés hace unos días, con la sentencia del Tribunal Constitucional contraria a que fueran los poderes públicos que pagaran escolarización en castellano –como el caso catalán. En la segunda, el Gobierno amplió los supuestos, hace escasas semanas, en medio de la batalla con Cs –quien se apuntó a la prisión permanente revisable endureciendo el acceso al tercer grado, aunque evitó usar el primer término.

La cuestión es que la formación naranja es quien ha permitido que se desbloqueen dichas leyes en la Mesa de la cámara. El mecanismo de tope funcionaba ya que PP y Cs sumaban mayoría absoluta y utilizaban el trámite de ampliar la presentación de enmiendas para mantenerlas sine die en el limbo, aunque el Congreso las instó a derogar. El cambio se produce por la ruptura casi de facto de la relación de investidura entre Rivera y Rajoy, antes de la cruda batalla electoral. Y por eso, desde el PSOE denuncian que existan todavía 25 leyes "sociales" bloqueadas en el parlamento.