Mariano Rajoy no actuará judicialmente contra el president Carles Puigdemont hasta que no se firme oficialmente la convocatoria del referéndum. Esta era la posición de Moncloa pocas horas antes de que el Govern hiciese pública la fecha y la pregunta, y una vez finalizada la reunión entre Junts pel Sí y la CUP y hecho el anuncio. Según ha podido saber El Nacional, el ejecutivo mantiene que un anuncio no constituye delito, como tampoco lo fue el acto de hace unas semanas, donde 140 altos cargos del Govern se comprometieron a hacer el referéndum y aplicar su resultado.

"Es una exteriorización a la cual niegan carácter jurídico. No aporta nada diferente a lo que venían diciendo las últimas semanas" dijo el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez De Vigo, entonces. El menosprecio de la Moncloa se extendió al día 29 de mayo, uno de los últimos días en que se reunió el Pacto Nacional por el Referéndum sin fijar pregunta. "El anuncio del anuncio" es como fuentes de vicepresidencia calificaron aquel encuentro. La cuestión es que desde el Partido Popular tampoco esperan que hoy salga nada en firme, según Fernando Martínez Maíllo, coordinador general.

Por tanto, tampoco habría indicios legales para abrir la vía penal, todavía. "El Gobierno de España no es de anunciar, es de actuar, y cuando tengamos que actuar actuaremos", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto en Barcelona este miércoles. Así se hizo el año 2014: el expresidente Artur Mas firmó la convocatoria del 9-N un sábado y el mismo lunes, seis horas después de que el ejecutivo presentara el recurso ante el Tribunal Constitucional, este se reunió de urgencia para suspender por unanimidad la ley de consultas.

Pero de persistir en el referéndum, como se prevé, el Gobierno seguiría aplicando los resortes "proporcionales" del Estado de Derecho, y la "fuerza" de este. El siguiente paso podría ser la vía penal contra Puigdemont. Eso llegaría tras el precedente en que el TC notificó personalmente al president de la Generalitat, a todos los consellers, y a altos funcionarios, del deber "de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" de la partida para el referéndum en el presupuesto catalán, como anunció la vicepresidenta el pasado 31 de marzo.

Así las cosas, en la Moncloa no quieren anunciar futuros escenarios. Primero, porque serán reactivos a las decisiones del Govern, y segundo, porque quieren evitar la "victimización", según fuentes del ejecutivo. Al respecto, el diputado del PNV y reconocido jurista, Mikel Legarda, explicó en una entrevista con este diario que el Estado no podría utilizar "la fuerza contra una mayoría". Tercero, fuentes de vicepresidencia insisten en que el referéndum no se hará, sino que anunciarlo es la forma "de agitar a las bases" del PDeCAT, en la batalla –y presunta– con ERC, de cara a elecciones.

Las acciones políticas sí se podrían poner en marcha a partir de este viernes. Rajoy no descarta la posibilidad de celebrar una cumbre con las principales fuerzas. "No me lo he planteado, es una cuestión procesal" insistió el presidente hace un par de semanas, después de que el nuevo portavoz socialista, a José Luis Ábalos, así lo sugiriese. Para el jefe de gobierno lo importante entonces era es seguir en conversaciones con PSOE y Ciudadanos, y que hubiese "acuerdo" sobre la unidad de España. Y el mismo De Vigo reconoció que esa "interlocución" era constante.

Las principales formaciones han movido ficha. El secretario general socialista, Pedro Sánchez, le garantizó a Rajoy su apoyo para evitar el referéndum a través de una llamada, una vez recuperado el trono de Ferraz. Fuentes de vicepresidencia aseguran que Albert Rivera también está informado de forma continúa y ya ha manifestado su apoyo al Gobierno. El único partido que se ha desmarcado es Podemos: no acepta el referéndum unilateral, como dijo Pablo Iglesias, pero él y Alberto Garzón tampoco querrían formar parte de la cumbre constitucionalista.

Esta mesa sería parcialmente novedosa. El año 2015 Rajoy también citó los dirigentes del PSOE, Podemos, UPyD y Unión con la declaración de Junts pel Sí y la CUP para poner en marcha el Estado propio. Y hasta que eso no llegue, la rueda de prensa de este viernes –posterior al Consejo de Ministros– supondrá un nuevo intento de hacer un llamamiento al diálogo y acusar a la Generalitat de "estar en manos de los radicales" de la CUP.