La desaparición de la lengua catalana en varios impresos de Hacienda; la multa a un usuario del aeropuerto del Prat por hablar catalán; y las quejas para no ser comprendido en esta lengua en una comisaría de la policía española en Barcelona son algunos de los episodios de discriminación hacia los catalanohablantes por parte de empleados de la Administración española que han tenido lugar las últimas semanas en Catalunya.

Para hacer frente a esta situación, que contraviene el régimen de cooficialidad de las lenguas catalana y castellana en Catalunya y que tiene como resultado práctico una clara imposición lingüística del español, la Dirección General de Política Lingüística se ha puesto en contacto con el delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, para pedirle explicaciones de los hechos y medidas para evitar que vuelvan a pasar.

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Por medio de una carta, a la cual ha tenido acceso El Nacional, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, expone a Millo los recientes casos de persecución lingüística a partir de las quejas llegadas a este organismo, haciendo especial mención de la queja presentada por M. F. el pasado 24 de marzo por la cual se comunicaba que "determinados impresos del IVA de la Agencia Tributaria no estaban en catalán desde el 2014 por motivos de economía y oportunidad".

La carta de Franquesa recuerda a Millo que los ciudadanos "tienen derecho a disponer de esta documentación en lengua catalana, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente", entre los cuales menciona la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, el Estatut de Catalunya, la Ley de Política Lingüística, además de varias sentencias del Tribunal Constitucional que avalan el derecho a disponer de los impresos en catalán.

Multado para hablar en catalán

Un segundo caso al cual hace mención Política Lingüística es el caso de X.C., que se dirigió a este organismo el 17 de marzo para denunciar la multa que recibió en el control de pasaportes del aeropuerto del Prat "por el hecho de usar el catalán". De hecho, en aquella ocasión, según ha difundido Plataforma per la Llengua, los agentes policiales habrían asegurado a Casanovas que tenía obligación de hablar el castellano, haciendo una interpretación sui géneris del artículo tres de la Constitución Española. En este aspecto, Franquesa recuerda a Millo que no es la primera vez que se han recibido "quejas de esta naturaleza ocasionadas en el aeropuerto y en otros puntos fronterizos" por este rechazo al uso del catalán.

Un tercer caso que menciona la misiva es el de V.B., que el pasado 25 de enero protestó por el hecho de que en la comisaría de la calle Trafalgar de Barcelona interlocutó con un policía español, el cual manifestó su incompetencia en la lengua catalana cuando le aseguró que "no lo podía entender en esta lengua".

Por todo ello, Franquesa emplaza a Millo a "estudiar estos casos" y a trasladarle "el comportamiento que tendrá la Delegación en cada caso". Política Lingüística expresa la confianza en que Millo haga "las gestiones necesarias para que se garantice que los empleados públicos atienden a los ciudadanos con independencia de la lengua oficial que utilizan". Franquesa finaliza la carta emplazando a Millo a una reunión para tratar la cuestión.