La portavoz de JuntsxCat, Elsa Artadi, ha entrado ya en la diana del Estado. La Guardia Civil la ha incluido en una lista de "personas de interés para la investigación" por el caso abierto en el juzgado número 13 de Barcelona. Junto con ella figuran 32 personas más, algunas de las cuales cargos de confianza del vicepresidente Oriol Junqueras. Esta noticia se ha confirmado el mismo día que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido mantener la prisión provisional del conseller Joaquim Forn y el día siguiente que el ministro Rafael Català anunciara que a partir de marzo empezarán las inhabilitaciones a los líderes independentistas encarcelados o exiliados.

El Estado intensifica la presión que ya parecía extrema mientras las formaciones independentistas no consiguen concretar la propuesta para la investidura, después de que el martes pasado el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó en el último momento el debate para investir Carles Puigdemont.

La presidenta del Grupo Republicano, Marta Rovira, que tendrá que ir a declarar ante Llarena como investigada el día 19 de febrero -junto con la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal-, ha reclamado este viernes a través de declaraciones a la ACN que la investidura se haga sin riesgos penales para los diputados.

"Es fundamental que la investidura no implique improvisaciones, que no se haga sin garantías, que sea efectiva y que no implique consecuencias penales", ha reclamado la dirigente republicana que ha podido analizar este viernes la situación con Junqueras con quien se ha reunido a Estremera durante 40 minutos.

Junts per Catalunya, sin embargo, no concreta la fórmula que quiere utilizar para hacer posible el debate. "Hay plan", se ha limitado a asegurar al diputado Eduard Pujol en una entrevista esta mañana en Radio 4, donde no ha querido concretar más porque, según ha dicho, la "negociación, concreción y explicación" se tiene que hacer con los socios.

Con todo, la posibilidad, que el jueves volvió a poner sobre la mesa Junqueras de otorgar una presidencia simbólica a Puigdemont con otra de efectiva ha ido tomando forma en nombres concretos las últimas horas. Fuentes republicanas proponen aprobar la restitución de Puigdemont en un pleno previo a la investidura a través de una resolución o una declaración de los diputados y proceder posteriormente a investir al presidente efectivo en un nuevo pleno.

En este caso, tendría que asumir esta responsabilidad otro miembro de JuntsxCat, que podría ser el número dos de la candidatura y presidente del grupo, Jordi Sànchez, actualmente en prisión preventiva en Soto del Real, o bien el conseller Jordi Turull, que abandonó la prisión de Estremera a principios de diciembre. El tercer nombre que se ha apuntado para asumir la presidencia es el de la misma Artadi.

Ni Sànchez ni Turull se verían afectados por las suspensiones a que se refirió el ministro de Justicia. Estas inhabilitaciones se harían efectivas en aplicación del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocido como artículo Yoldi dado que se hizo para evitar que se repitiera la situación creada por el preso etarra Juan Carlos Yoldi Múgica, que HB presentó como candidato a lehendakari en 1987. Este artículo sólo se puede aplicar cuando hay un auto de procesamiento firme, con la persona afectada en estado de encarcelado y con una acusación de terrorismo o rebelión.

Sànchez está ahora mismo encarcelado preventivamente por delito de sedición, pero no por los delitos que contempla el artículo 384 de la Lecrim mientras que Turull está investigado por rebelión pero no está encarcelado. Por lo tanto, tanto el uno como el otro podrían asumir el cargo de presidente de la Generalitat en caso de que JuntsxCat aceptara la propuesta de que plantea Esquerra. Eso, evidentemente, siempre y cuando no haya una sentencia sujeta que comportara una inhabilitación.