Después de encarar al juez instructor Pablo Llarena con el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el exilio independentista reclama ahora que sea el Tribunal Constitucional quien confronte su decisión sobre las euroórdenes con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial. Es más, en pleno debate en Europa sobre el conflicto entre la UE y Polonia, el exilio advierte al TC que respuesta ante las órdenes de detención le sitúa en una situación de "abierta rebeldía" con relación al derecho de la UE.
La defensa de los políticos exiliados, que encabeza Gonzalo Boye, ha presentado un nuevo recurso de súplica en nombre del president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, en respuesta a la decisión del TC del pasado 5 de octubre de desestimar las medidas cautelares que habían pedido en el recurso contra las órdenes de detención de Llarena.
Abierta rebeldía
El escrito de 47 páginas, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, asegura que los razonamientos argumentados por el TC para oponerse a la suspensión de las euroórdenes contradicen la normativa y la jurisprudencia de la UE. "La ponderación de los intereses en juego llevada a cabo por el TC resulta manifiestamente arbitraria, sitúa este órgano en una posición de abierta rebeldía frente al derecho de la UE y desconoce la jurisdicción del TJUE", reprocha el texto, que despliega ampliamente esta idea.
Denuncia que se mantienen vigentes las euroórdenes aunque los cuatro exiliados tienen inmunidad parlamentaría como miembros de la Eurocámara o del Parlament de Catalunya y recuerda que esta situación hace dos años que se está produciendo. Pero, además, recuerda que las euroórdenes tendrían que estar suspendidas mientras el TJUE no responde sobre las prejudiciales presentadas por el juez Llarena en relación con la negativa belga a extraditar a Lluís Puig.
El escrito recuerda que tanto Bélgica como Italia sí han suspendido las euroórdenes mientras no responda el Tribunal de Justicia de la UE, y denuncia que el Constitucional ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Por todo ello, pide al TC que reconsidere su negativa a aceptar las medidas cautelares y, en cas contrario, considera que es el momento procesal oportuno para plantear una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre la "compatibilidad del criterio" utilizado en el auto del TC para rechazar las medidas cautelares que habían solicitado y el derecho a la "tutela judicial efectiva" reconocido por la carta de derechos fundamentales de la UE y avalada por la jurisprudencia del TJUE. El texto expone los términos exactos en que reclama plantear la cuestión prejudicial para que el TJUE se posicione sobre la decisión del TC de avalar las euroórdenes del juez instructor.
Vista pública
Asimismo, el recurso denuncia que la resolución del TC "vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, así como el derecho a una resolución motivada y fundamentada en derecho" porque ha denegado la petición de una vista oral y pública para abordar este tema. Por esta razón reclama de nuevo la celebración de una vista oral.
En la imagen principal, los eurodiputados Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí en el Parlamento Europeo / Efe