El president en el exilio Carles Puigdemont ha celebrado este miércoles la absolución del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y toda la cúpula de Interior por el 1-O. El president ha alabado la tarea de Trapero a través de las redes y ha celebrado que el major "tuviera claro qué cuerpo policial tiene que tener una sociedad democrática".
"Siempre supe que no era partidario de la independencia. Pero también sabía de sus convicciones democráticas. Para mí era suficiente", ha dicho Puigdemont después de conocer la sentencia.
Sin embargo, el president ha recordado que la injusticia continúa y criticado que "se haya dado crédito a unos responsables policiales españoles que sabían que estaban construyendo un caso sin fundamentos. Y mintieron".
Me alegro mucho de su absolución, y también de la intendente Laplana, de Cèsar Puig y de Pere Soler. Pero la injusticia continúa, porque por una parte se ha dado crédito a unos responsables policiales españoles que sabían que estaban construyendo un caso sin fundamentos. Y mintieron.
— Carles Puigdemont (@KRLS) October 21, 2020
Además, según Puigdemont, esto demuestra que la condena de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, de los presidentes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y del resto de presos políticos ha sido "una pura decisión de Estado". "No fue, no podía ser, un acto de justicia. Era escarmiento y venganza", ha concluido.
Y por la otra, sobre todo, porque se confirma que la dura condena de prisión de los miembros del Gobierno, la presidenta del Parlamento y los presidentes de OC y ANC fue una pura decisión de Estado. No fue, no podía ser, un acto de justicia. Era escarmiento y venganza.
— Carles Puigdemont (@KRLS) October 21, 2020
La sentencia
La absolución es un puñetazo a la Fiscalía y a sus argumentos, que no han podido sostener ni siquiera la acusación de desobediencia. Con toda seguridad el ministerio público recurrirá la sentencia que ha desvinculado claramente al cuerpo de los Mossos d'Esquadra de la estrategia independentista del Govern, y que plantea un gran interrogante acerca de la situación de Joaquim Forn, exconseller de Interior, condenado por sedición por instrumentalizar el cuerpo contra los poderes del estado español.
Los magistrados Ramón Sáez y Francisco Vieira consideran que no ha quedado acreditado que los acusados "trataran de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma" ni que se pusieran de acuerdo con los líderes del 'procés' independentista, o dieran apoyo a sus actos propiciando la pasividad de la policía autonómica.